El Congreso aprueba dos proyectos de ley para el impulso de la productividad
El Pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado hoy los dos proyectos de ley de reformas para el impulso de productividad, y de reformas en materia tributaria para el impulso de la productividad. De esta manera el Ejecutivo cumple con un compromiso acordado en el Consejo de Ministros del pasado 25 de febrero, y cuyo contenido afecta a numerosos ámbitos de la economía, como a los mercados de productos y servicios.
En concreto, el primero de estos proyectos -aprobado por 176 votos a favor, 144 en contra y 16 abstenciones- se refiere a la liberación de algunos sectores y al incremento de la competencia en los mercados de productos y servicios, así como a las reformas para la mejora del funcionamiento de la Administración. Afecta al sector energético, a la distribución de tabaco, a la fe pública, a los servicios funerarios y a los destinos turísticos maduros, y modifica la legislación para "mejorar los trámites para los ciudadanos y las empresas".
El segundo proyecto -aprobado por 187 votos a favor y 143 en contra- contempla una serie de reformas de contenido fiscal cuyo objetivo es primar determinadas actividades con efectos beneficiosos sobre la productividad, limitando las tasas aplicables por actuaciones en los mercados de valores, estimulando la oferta de alquiler de viviendas, incentivando la actividad innovadora en el sector textil e intensificando los apoyos para el uso de tecnologías de la información y comunicaciones en las pymes.
En cuanto al proyecto de impulso de la productividad, la Cámara Baja aprobó una enmienda transaccional de ERC relativa a materia energética según la cual se exigirá que en las facturas que las compañías remiten a sus abonados figure la procedencia de la energía. También se contempla que la información tenga que darse bajo unos parámetros delimitados e iguales para todas las empresas para que puedan establecerse comparaciones de precios.
También se aprobaron otra serie de enmiendas de IU-ICV, CiU y PP sobre el mercado de tabaco y determinadas condiciones para proceder a la concesión de las expendedurías, así como otras transaccionales del PSOE sobre la regulación de los servicios funerarios en las comunidades autónomas y ciertas modificaciones que afectan a la ley Hipotecaria.
La CNMV, único organismo supervisor de las Sicav
Con respecto a las reformas en materia tributaria y, en especial, para las sociedades de inversión de capital variable (Sicav), el portavoz de Economía del PSOE, Ricardo Torres, explicó que se había alcanzado un acuerdo para que la CNMV sea la instancia que determine si una sociedad determinada cumple los requisitos para ser sicav y puede tributar en el régimen especial, o si ha cometido alguna irregularidad y no cumple con los requisitos.
La Agencia Tributaria actuará posteriormente en función del dictamen de la CNMV, por lo que los ámbitos de las dos administraciones quedan separadas. Su homólogo en CiU, Josep Sánchez Llibre, precisó en su intervención que la CNMV tendrá "la competencia, la supremacía y la potestad" para clasificar y registrar las sociedades y poder revocarlas si hay anomalías. "Vamos a conseguir mayor seguridad jurídica y a dotar de más control a las administraciones", agregó.
Tras subrayar que CiU sólo pretendía "clarificar" la situación actual de las "disfunciones" entre la CNMV y Agencia Tributaria y que generaban "inseguridad jurídica", Sánchez Llibre advirtió de que se trataba de proteger "un importante instrumento de ahorro" para la economía. Aunque negó que en una primera instancia buscara una 'amnistía fiscal' para las Sicav, afirmó que retiraba la enmienda relativa a la anulación de expedientes desde 1997.
La enmienda aprobada por unanimidad recoge que, en los casos de que no se cumplan los requisitos para ser Sicav, "no resultará de aplicación el régimen especial de tributación previsto con efectos desde el periodo impositivo en el que se hubieran producido las circunstancias determinantes de la suspensión o revocación acordadas por la CNMV".
También se aprobó que la iniciación de oficio de procedimientos de suspensión o revocación "comprenderá la incoación" mediante petición razonada de la Administración Tributaria; y que todas las revocaciones y suspensiones acordadas por la CNMV deban ser comunicadas a la Agencia Tributaria.
Por último, el Pleno de la Cámara Baja también aprobó otra enmienda transaccional a un texto de ERC relativa al mantenimiento del beneficio fiscal en ciertas entidades dedicadas al arrendamiento de viviendas; y otras dos de la formación republicana sobre el mantenimiento de una tributación de IVA "privilegiada" para las viviendas de protección oficial.