El futuro Gobierno gallego se sumará a una reforma estatutaria de máximos
Despejada la incógnita del voto emigrante, los máximos dirigentes del Partido Socialista de Galicia y del Bloque Nacionalista ultiman los nombres del Gabinete de coalición que pondrá fin a 16 años de Gobierno ininterrumpido del PP.
En el PSOE se da por hecho que Emilio Pérez Touriño presidirá la Xunta y que Anxo Quintana, cabeza de lista del BNG, ocupará el cargo de vicepresidente, aunque el primero evitó confirmar ayer este último extremo. Las conversaciones se iniciaron formalmente ayer, pero ambos ya han abordado de forma discreta el posible reparto de carteras, en la convicción de que el voto de la emigración no iba a cambiar la distribución de escaños conocida la noche electoral del 19 de junio, como así ha sido.
La percepción que en estos momentos tiene la Ejecutiva federal del PSOE sobre la alianza de gobierno a la que está obligada el partido en Galicia es optimista. Quintana tiene un perfil conciliador y dialogante y el programa con el que ha concurrido a las elecciones autonómicas no presenta grandes contrastes con el que ha defendido Emilio Pérez Touriño.
Ambos reivindican una reforma estatutaria de máximos respetuosa con la Constitución que implique un aumento del autogobierno. Para eso crearán una ponencia parlamentaria, en la esperanza de implicar también al PP en este objetivo. Además, defienden un modelo de financiación que traslade a Galicia mayor capacidad normativa sobre los impuestos cedidos y una agencia tributaria propia, concertada con la del Estado, que gestione la recaudación de los mismos. 'Tenemos que tener autonomía fiscal, lo que equivale a poder gestionar sin limitaciones normativas y con criterios propios todos los impuestos que pagan los gallegos. Eso es indispensable, aunque se establezcan mecanismos de coordinación con el Estado', expuso Quintana a este periódico durante la campaña electoral.
Touriño y Quintana coinciden en la necesidad de acceder a una mayor capacidad normativa
Touriño considera necesario que el Gobierno central ceda a Galicia hasta el 50% del IRPF, desde el 33% actual, al tiempo que defiende un mayor uso de la capacidad normativa en la misma línea que el vicepresidente Pedro Solbes está proponiendo para financiar el aumento del gasto sanitario.
Quintana puso ayer el acento, además, en la necesidad de cobrar la 'deuda histórica' que el Estado tendría contraída con Galicia y que, en su opinión, supera los 1.000 millones de euros. Touriño eludió pronunciarse ayer sobre esta reivindicación que, por otra parte, no figura en su programa electoral.
Uno y otro tienen también ideas muy similares para alcanzar el pleno empleo en Galicia, objetivo que pasaría por un gran pacto institucional que implique a los ayuntamientos, a empresarios y sindicatos.
Fraga ordena frenar las impugnaciones
¦bull;El todavía presidente de la Xunta en funciones, Manuel Fraga, confesó ayer que había ordenado a los dirigentes de su partido que frenaran las impugnaciones relativas al voto emigrante, a la vista del recuento hecho por las cuatro juntas provinciales. En el mejor de los casos, aunque todas las impugnaciones se resolvieran a favor del PP, este partido se quedaría aun a 14.000 votos del escaño perseguido por Pontevedra, el de la mayoría absoluta. El líder del PP, Mariano Rajoy, envió a Galicia al ex ministro Federico Trillo para que coordinara toda la artillería legal relacionada con las impugnaciones y posibles recursos.¦bull;El recuento del voto emigrante no arrojó sorpresas, por lo que Manuel Fraga pierde con 37 escaños la mayoría absoluta. La sesión de investidura está prevista para la última semana de julio y la toma de posesión de Touriño como presidente para la primera de agosto. Con este calendario, va a ser difícil que acuda ya como titular de la Xunta a la próxima Conferencia de Presidentes, en el caso de que ésta se celebre finalmente el 28 de julio, razón por la que el Gobierno central puede reajustar esta fecha.¦bull;La Alcaldía de Vigo, en la actualidad gobernada por el PP, podría cambiar de manos si, a la vista de la nueva situación, el Partido Socialista y el BNG se ponen de nuevo de acuerdo para acceder al gobierno de la Corporación municipal.