Cataluña, Valencia, Galicia y Baleares incurrirán en déficit también en 2006
El Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) aprobó ayer los objetivos de estabilidad presupuestaria de las comunidades autónomas para los próximos tres años.
Cuatro de las 17 comunidades reconocieron que acabarán 2006 en déficit fiscal. Se trata de Baleares (-0,03% del PIB), Cataluña (-0,05%), Valencia (-0,05%) y Galicia (-0,01%). Todas ellas tenían previsto ya este año desfases negativos.
No obstante, la evolución estimada de las cuatro es hacia el equilibrio. De esta forma, en 2006 se prevé un déficit conjunto del -0,14% del PIB, que pasaría al -0,06% en 2007 y a 'déficit cero' en 2008. El resto de los Ejecutivos se mantendrán en equilibrio en los tres años.
En la reunión, el vicepresidente económico, Pedro Solbes, aprovechó para informar a los consejeros regionales de los principales cambios que irán incluidos en la reforma de la ley de Estabilidad Presupuestaria, a punto de ser aprobado por el Gobierno.
Seguridad Social, al margen
El objetivo de estabilidad de la Seguridad Social se determinará por separado del Estado central, 'teniendo en cuenta las previsiones demográficas y económicas a medio plazo', a diferencia de lo que sucede con la ley en vigor.
Estado central, comunidades y entes locales podrán presentar excepcionalmente déficit sólo si el crecimiento real del PIB es inferior al 2% y cuando se autoricen programas de inversiones plurianuales destinados a atender actuaciones productivas. Tal y como acordó el Gobierno con sus socios parlamentarios, el límite de déficit en que se puede incurrir globalmente será del 1% del PIB (0,75% para comunidades, 0,2% para Estado y 0,05% para los municipios). No obstante, se podrá presentar un déficit adicional de medio punto de PIB, ligado a inversiones.
En caso de 'riesgo de incumplimiento' del objetivo de estabilidad, el Gobierno central podrá formular una 'advertencia' a una comunidad o municipio. Si el incumplimiento prosigue se requerirá a la citada administración un plan de saneamiento, a tres años como máximo.
De esta forma, en el borrador de la ley se recuerda que el Estado central no asumirá ni responderá de los déficit regionales acumulados.
Más tiempo para la Ley de Estabilidad
Los consejeros pidieron ayer más tiempo para debatir la reforma de la Ley de Estabilidad antes de que la apruebe el Consejo de Ministros. El vicepresidente Pedro Solbes aceptó ampliar el plazo de información una semana, pero subrayó que enviará el texto al Congreso en julio. Solbes destacó el consenso de todas las comunidades a favor de la estabilidad fiscal, aunque admitió que algunas denunciaron que la nueva ley supondrá un 'cierto retroceso' porque, en su opinión, implica más discrecionalidad.Según el vicepresidente, 'ha habido muchas críticas, pero serias, pocas'.