'Nada impide que en un contrato se prohíba fumar'

A Guillem López Casanovas (Menorca, 1955) le apasiona la política casi tanto como la docencia. Nunca rehúye un foro público, pero detesta la demagogia partidista

Experto en economía de la salud, su prestigio como catedrático le ha catapultado al consejo del Banco de España. Las balanzas fiscales no tienen secretos para este defensor a ultranza de limitar la solidaridad de Cataluña. Hoy comparece ante sus señorías para desmontar en el Congreso de los Diputados los argumentos económicos del lobby tabaquero. æpermil;sta es su última cruzada.

¿Está haciendo el Gobierno todo lo posible por erradicar el tabaquismo? Muchos opinan que la normativa que regula la composición de los cigarrillos es muy laxa...

Siempre se puede hacer más, pero se ha de tener en cuenta que la producción de cigarrillos tiene su composición bajo patente. Puede haber falta de inteligencia por parte de los políticos para abordar este problema, o complicidades coyunturales equívocas por motivos económicos con la industria, pero creo sinceramente que en este momento hay una voluntad clarísima de reducir el consumo, tanto por parte del Gobierno como de las comunidades.

¿Y el doble lenguaje? Sanidad regula y prohíbe, Hacienda se frota las manos con los impuestos...

A estas alturas, el Estado sabe que los costes de la enfermedad, directos e indirectos, económicos y sociales, superan con creces los ingresos tributarios. Si controla esta adicción, le aseguro que le salen las cuentas en positivo.

¿No debería prohibirse su venta?

Prohibir completamente el consumo de la noche a la mañana sería negativo por la reacción que generaría entre los afectados, con cierta empatía entre algunos grupos liberales. Hace tiempo que se demostró que la ley seca no funciona. Por el contrario, considero imprescindible dificultar el hábito, limitar la oferta, impedir la publicidad del tabaco y cambiar el discurso social, de modo que fumar y ofrecer tabaco dejen de ser costumbres de cortesía. Esto aún no se ha logrado.

Muchos reclaman una subida de impuestos, pero el Gobierno no se atreve a implantarla.

Su efectividad tiene claroscuros. Es verdad que la subida del precio del tabaco es una medida disuasoria para los más jóvenes, que encuentran menos motivos para engancharse al tabaco, pero está demostrado que no logra desactivar la adicción de los fumadores empedernidos. No les redime del tabaco y además les penaliza. æpermil;ste es un impuesto muy regresivo que soportan proporcionalmente más los que menos renta tienen.

¿Cuál debe ser la contribución de las empresas, de los empleadores?

Yo no veo mal que una compañía restrinja su contratación condicionando el consumo de tabaco u otros elementos nocivos como el alcoholismo, ya sea por el interés objetivo de la empresa o por los costes indirectos que al tabaquismo produce (6,5 días adicionales de absentismo para los fumadores).

Podría ser inconstitucional...

Sería inconstitucional si invadiera la esfera de libertades individuales, pero nada impide que en el contrato de trabajo que se ofrece se explicite abiertamente que en la empresa no se fuma, ni se habilitan fumaderos, ni espacios libres, e incluso se restringe el consumo cuando el trabajador se desplaza con transporte de la empresa. Y si no se respetan las condiciones y se despide a alguien ya se vería en los tribunales...

Es recurrente el tópico de que los fumadores pagan de sobra los costes sanitarios que generan.

Me resisto a valorar los costes/beneficios del tabaquismo atendiendo exclusivamente a los flujos pagos/ingresos individuales. Se suele barajar la cifra de 4.000 millones para calcular el coste sanitario de las enfermedades asociadas al tabaquismo, mientas que los ingresos fiscales del Estado ascienden a 7.407 millones de euros (labores del tabaco e IVA). De acuerdo. Pero hay un coste social. Además se obvia el hecho de que en caso de no consumir tabaco, otros consumos, nocivos o no, soportarían igualmente presión fiscal (el IVA al menos). Es más, en el caso de que a igual renta resultase nulo el consumo, se supone, rizando el rizo, que el patrimonio aumentaría y resultaría igualmente gravado. ¿Cuál es el precio implícito de evitar una muerte? ¿Cuánto dedica la sociedad a prevenirla y a posponer la muerte en general? Si ponemos cifras seguro que los costes superan en mucho a los beneficios.

El debate sobre la financiación sanitaria está encima de la mesa ¿deberían cederse estos impuestos?

Sí. En la nueva cesta impositiva se puede reducir el porcentaje de otros impuestos y ceder íntegramente el del tabaco. Lo natural es que este impuesto esté en manos de los territorios, de la misma manera que lo está la gestión sanitaria. La cesión de los impuestos sobre los carburantes puede crear más debate, porque al fin y al cabo, las carreteras son bienes colectivos, pero la sanidad la administran los gobiernos regionales y son ellos quienes deben gestionar estos tributos.

Podría darse el caso de que hubiera una fiscalidad distinta en cada territorio?

No. Estoy hablando de la recaudación y no de la capacidad normativa, a armonizar en su caso con la legislación europea.

¿La Seguridad Social debe financiar la desintoxicación?

No. Este no es un problema de cotizantes sino de ciudadanos.

Más de 50.000 muertos cada año

El 31% de la población española fuma. Un tercio de los mayores de 16 años lo hace diariamente y dos de cada diez estudiantes de entre 14 y 18 años fuma todos los días. La mayoría encendió su primer pitillo a los 13 años.El Ministerio de Sanidad y Consumo atribuye a esta adicción no menos de 50.000 muertes por año en España, casi diez veces más que los fallecimientos en accidentes de tráfico.El año pasado se vendieron en España 4.663 millones de cajetillas por valor de 11.000 millones de euros, el 1,3% del producto interior bruto. O lo que es lo mismo, más de 90 millones de cigarrillos y un millón de cigarros puros.El sector tabaquero ingresó 3.593 millones de euros en 2004, el resto, 7.407 millones, correspondieron a los beneficios fiscales del Estado. Las ventas cayeron sólo un 0,4%, aunque este descenso se ha acentuado en lo que va de año. En el primer cuatrimestre de 2005 la caída ha sido del 3%.