El cajón de las denuncias 'olvidadas'
Nadie parece acordarse de ellos excepto sus denunciantes. Llegaron al Tribunal de Defensa de la Competencia como cualquier otra denuncia, por sus cauces correspondientes. Pero por esos intrincados misterios a los que da lugar la burocracia, en un cajón del Tribunal de Defensa de la Competencia reposan cuatro expedientes sancionadores 'olvidados' desde hace más de 10 años.
Para desgracia de los denunciantes, es posible que no se solucionen nunca, teniendo en cuenta que el Tribunal ha cambiado completamente desde que entraron esos cuatro casos (ya no están ni el anterior presidente del organismo, Amadeo Petitbó, ni algunos de los vocales a los que se les adjudicaron los expedientes) y además, varias de las empresas denunciantes ya no se dedican a la actividad en la que detectaron supuesto abuso de posición dominante, con lo cual, una sentencia no solucionaría nada 10 años después.
El caso más antiguo es un expediente sancionador contra los veterinarios de Guipúzcoa por supuesto abuso de posición de dominio y competencia desleal, que entró en el Servicio de Defensa de la Competencia en enero de 1995 y éste lo envió al Tribunal un año después. Nunca ha tenido respuesta.
También está el caso de Intertrace, una pequeña empresa de tecnología madrileña que denunció a Telefónica en 1995 por no homologar sus teléfonos públicos. Intertrace recurrió el archivo del expediente por parte del Servicio de la Competencia, y cuando el caso llegó al Tribunal se paralizó.
El 'cajón' de las denuncias olvidadas lo completan dos expedientes contra el Colegio de Aparejadores de Madrid y el de Arquitectos. Este caso se inició a instancias de un particular, que acusó a los Colegios de abuso de posición de dominio por negar un visado si no se aceptaban ciertas condiciones impuestas por ellos.
Sin límite de tiempo
'Es una vergüenza', asegura Siro García, directivo de Intertrace y la persona que interpuso la denuncia contra Telefónica. 'No es sólo la burocracia, estoy convencido de que entran en juego intereses políticos en la paralización de esos casos'.
En el Tribunal, sin embargo, aseguran que esos expedientes llegaron al organismo antes de que se aprobara la ley 66/1997 de Acompañamiento de los presupuestos generales del Estado para 1998, en la que se fijaba un límite de un año para la resolución de los conflictos. El problema es que la ley entraba en vigor el 1 de enero de 1998, sin efectos retroactivos. Los vocales empezaron a trabajar en otros casos y las denuncias anteriores a 1998 empezaron a ser arrinconadas. Hasta hoy.
En el Tribunal nadie tiene una respuesta sobre por qué precisamente se han paralizado esos casos y no otros. Lo extraño es que de la misma fecha que el expediente contra el Colegio de Aparejadores de Madrid hay varias resoluciones dictando sentencia en otras denuncias similares, concretamente contra el Colegio de Aparejadores de Valencia y el de Alicante. A estos Colegios se les impuso multas de entre 6.000 y 60.000 euros.
Pero ya es inútil su resolución, pues los denunciantes casi han olvidado ya los hechos denunciados, como asegura el denunciante de los Colegios de Arquitectos. También Intertrace lo juzga inútil, ya que ha abandonado el negocio de las cabinas para entrar en el de la televisión por cable. Sin embargo, el directivo de Intertrace está indignado por el desamparo jurídico que, a su juicio, ha sufrido por parte del Tribunal de Defensa de la Competencia. 'He llamado muchas veces y nunca me han dado una explicación', asegura.
En la web del Tribunal, se puede leer una frase junto a todos estos casos olvidados: Este expediente no está sometido a caducidad. '¿Hasta cuándo?', se pregunta Siro García.
Reforma para hacer un órgano autónomo
La intención de la ley 66/1997 era agilizar los recursos y hacer más activo el Tribunal de Defensa de la Competencia con la imposición de un límite de 12 meses para que el Tribunal de Defensa de la Competencia dictara resolución en los expedientes. Pero desde 1997, último año en el que los expedientes no estaban sometidos a caducidad, la actividad del Tribunal ha venido siendo prácticamente igual, e incluso algunos años ha disminuido.Por ejemplo, hace ocho años, el Tribunal dictó 16 resoluciones en expedientes sancionadores, según la memoria del propio organismo. En 2003, último año del que existen datos, las resoluciones sólo aumentaron en tres casos. Las decisiones en expedientes de autorizaciones singulares de prácticas prohibidas ascendieron en 1997 a 57. En 2003, el Tribunal emitió sólo 29.El funcionamiento del organismo está actualmente bajo reforma. Entre las medidas recogidas en el Libro Blanco, documento previo a la elaboración del anteproyecto de ley, se propone la integración del Servicio de Defensa de la Competencia y del Tribunal de Defensa de la Competencia, en la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, un único organismo con carácter autónomo.