Los sindicatos piden la prejubilación de los funcionarios sin reducciones
Los sindicatos han planteado al Gobierno que el modelo de retiro anticipado que quieren para los empleados públicos es la jubilación parcial que se aplica en el Régimen General de la Seguridad Social, y que no tienen penalización en la cuantía de la pensión.
Los sindicatos de la Función Pública (UGT, Comisiones Obreras y CSI-CSIF) han recibido con cautela la propuesta del Gobierno de jubilar anticipadamente a 25.000 empleados públicos. Aunque las centrales han dicho que estudiarán esta posibilidad, le han recordado al Ejecutivo que su principal reivindicación en esta materia es la implantación en el sector público de la modalidad estrella de retiro anticipado del Régimen General: la jubilación parcial.
Esta fórmula permite al trabajador jubilarse a partir de los 60 años con los únicos requisitos de haber cotizado 15 años y reducir su jornada hasta un 85%, con lo que el jubilado parcial sólo trabaja el 15% de su jornada. En consecuencia, cobra el 85% de la pensión y el 15% del sueldo.
La clave de esta modalidad de jubilación es que a los 65 años el jubilado pasa a cobrar toda la pensión sin ninguna penalización, a diferencia de la jubilación anticipada ordinaria en la que la pensión se recorta entre un 6% y un 8% por cada año de jubilación antes de los 65 años.
Las centrales exigen compromisos de mantenimiento del empleo público
En el caso del empleado público éste iría a trabajar dos meses al año o cinco horas a la semana entre los 60 y los 65 años. El Ministerio de Trabajo cree que la jubilación parcial está siendo una sangría para el sistema por su elevado coste y estudia endurecer su acceso.
La secretaria general del Área Pública de CC OO, María José Alende, ha argumentado que la jubilación parcial sería buena para los empleados públicos porque, ademas de no penalizar la cuantía de la pensión final, la ley exige que por cada jubilado se haga un contrato de relevo a un joven que lo sustituya. Precisamente una de las quejas de los sindicatos al plan para prejubilar a 25.000 funcionarios es que no incluye el compromiso de creación de empleo.
Además reclaman fórmulas especiales de jubilación para actividades penosas y peligrosas como los bomberos y los policías. Todo esto se estudiará en una mesa de negociación creada para ello.
Los sindicatos deberán negociar también el incremento salarial de los empleados públicos para 2006. El Gobierno ha propuesto una subida del 2,7% y un 0,5% más para el fondo de pensiones y un 0,3% por productividad.
Un estudio propone retrasar el retiro a los 70 años
La edad legal de jubilación debería crecer 'sustantivamente' hasta situarse en torno a los 70 años o más, como contrapartida al permanente aumento de la esperanza de vida de la población española, que en los últimos treinta años ha subido de los 63 a los 79 años de media.Por el contrario, mientras que los españoles viven cada vez más, la edad legal de jubilación permanece en los 65, desde el año 1900. Además, los españoles cada vez se incorporan más tarde al mercado de trabajo y se retiran antes, una situación que pone en jaque el futuro de las pensiones y requiere nuevas soluciones.Esta es la principal conclusión de José Antonio Herce, director ejecutivo de Fedea, autor del estudio Pensiones y ahorro a largo plazo: un viejo problema en busca de nuevas soluciones, publicado por la Fundación de Estudios Financieros (FEF).En este contexto, el autor del estudio defiende el desarrollo de los planes y fondos de pensiones a través de 'un tratamiento fiscal superior a cualquier otro producto de ahorro'.Para el autor del informe es igualmente importante cambiar la cultura de la protección social y 'que los gobiernos renuncien al monopolio de las pensiones' y, especialmente, a utilizar este tema con intereses electoralistas.También urge al Gobierno a iniciar cuanto antes las reformas que garanticen el sistema público e incentivar los sistemas complementarios de pensiones y otros productos como las hipotecas inversas en las que una gestora adquiere la vivienda de un anciano a cambio de una renta vitalicia.