Las empresas españolas ultiman un acuerdo sobre tarifas en Argentina
El conflicto que mantienen abierto varias empresas españolas con el Gobierno argentino sobre las tarifas de servicios públicos se acerca a su fin. De hecho, Endesa, Aguas de Barcelona y Abertis están a punto de cerrar acuerdos sobre el conflicto que les llevó a abrir procedimientos contra Argentina ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi), el tribunal de arbitraje del Banco Mundial.
Fuentes cercanas a las negociaciones esperan que los acuerdos se hagan oficiales en uno o dos días. Por ahora, la única que ha retirado la demanda ante el organismo internacional de arbitraje ha sido Gas Natural.
La voluntad de llegar a un acuerdo para cerrar el conflicto de la congelación de las tarifas que siguió a la devaluación del peso ha venido de la mano del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. Según confirmaron fuentes cercanas a las negociaciones y ha publicado la prensa argentina, el ministro de Planificación, Julio de Vido, se puso en contacto con el presidente español para pedirle que intercediera específicamente en el conflicto en el caso de Endesa. De hecho, la eléctrica podría estar dispuesta a aceptar unas condiciones transitorias que no aceptó anteriormente y que le dejan en una posición desfavorecida respecto a su competidora Edelap, donde tienen mayor peso los clientes industriales frente al segmento más sensible en términos electorales, como es el residencial.
El acuerdo, en este caso, incluye un aumento del 23% para usuarios industriales y comerciales, pero con un tope del 15% de promedio. Las posturas se acercaron por la necesidad del Gobierno de Kirchner de llegar a acuerdos en un año electoral y contemplan la promesa a Endesa de llevar a cabo una negociación más profunda durante el ejercicio 2006, en la que se incluya la tarifa residencial. La eléctrica, sin embargo, ha pedido más tiempo para renunciar al juicio ante el Ciadi.
Aguas Argentinas
Las negociaciones parecen llegar a su fin también en el caso de Aguas Argentinas (participada por la francesa Suez y por Aguas de Barcelona), y la Unidad de Renegociación y Análisis de contratos de servicios públicos (Uniren) podría enviar en breve su propuesta a la compañía, que incluye dos aumentos que se estiman entre el 16% y el 20%, aunque no están aún especificados.
Según fuentes cercanas a las conversaciones 'las posturas están muy acercadas'. El acuerdo especifica asimismo una inversión anual de cerca de 160 millones de euros (500 millones de pesos).
La propuesta señala también que los ingresos extras servirán para expandir la red de Aguas y mejorar la calidad del servicio. El punto más conflictivo en el caso de la filial de Aguas de Barcelona es la refinanciación del pasivo de la compañía, cercano a los 650 millones de dólares (alrededor de unos 540 millones de euros).
En el caso de las tarifas para las empresas concesionarias de autopistas, entre las que se incluye Abertis, el acuerdo que barajan las partes supondría un incremento de las tarifas en torno al 15%.
Las empresas españolas que prestan servicios públicos en Argentina iniciaron procedimientos contra el Estado frente al organismo dependiente del Banco Mundial por los perjuicios sufridos en el proceso de conversión a pesos y la congelación de las tarifas de esos servicios, medidas que fueron tomadas cuando se devaluó la moneda argentina tras casi once años de paridad uno a uno con la divisa estadounidense.
A finales del año 2003, el Gobierno de Kirchner inició negociaciones con las compañías para renegociar los contratos de concesión de servicios públicos privatizados.
Telefónica retrasa a octubre la negociación
En el caso del conflicto abierto por Telefónica por la congelación de las tarifas y la pesificación de la economía argentina no parece estar tan cerca de resolverse como con otras empresas españolas que prestan servicios públicos en Argentina. La operadora española ha aplazado la negociación de las tarifas de telefonía fija hasta octubre, después de las elecciones, compensando la pérdida de rentabilidad con la posición que mantiene en cuota de mercado que mantiene en móvil y banda ancha.Hasta el momento, pocos eran los avances logrados en el proceso. Telefónica presentó su demanda en julio de 2003, el tribunal encargado del caso se constituyó en abril de 2004 y desde entonces el debate se centraba aún en la jurisdicción.La compañía española reclama cerca de 2.800 millones de dólares (unos 2.300 millones de euros) al Estado argentino en concepto de indemnización por los daños causados en el proceso de conversión a pesos de las tarifas y la economía argentinas y la congelación de los precios que se aplican a los servicios de telecomunicaciones. La reclamación de Telefónica era la más elevada entre cuantas han trascendido en Argentina.