La medida se aplicará a partir del año 2007

El ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, aseguró ayer que los funcionarios que decidan acogerse al plan de rejuvenecimiento de la Administración General del Estado no podrán hacerlo hasta el año 2007.

El ministro hizo estas declaraciones en rueda de prensa, tras comparecer ante la Comisión para Asuntos Relacionados con las Comunidades Europeas. Según explicó, ve 'muy complicado' que en los Presupuestos Generales del Estado para 2006 se incluya una partida que permita costear la salida de 25.000 funcionarios mayores de 58 años, que podrían acogerse a este plan a través de la jubilación anticipada o una baja incentivada.

No obstante, en opinión del ministro, sería 'bastante satisfactorio' que durante este año se pudiera llegar a un acuerdo con los sindicatos en la Mesa General de la Función Pública, para que en 2006 pudiera ser discutido y aprobado por el Parlamento, informa Efe. El ministro eludió hablar de costes, ya que, eso dependerá de las condiciones de jubilación que se pacten con los sindicatos y del número de funcionarios que se acojan al plan. No obstante, Sevilla hizo hincapié en que este programa no será financiado por la Seguridad Social, ya que los funcionarios afectados forman parte del régimen de clases pasivas, cuyas prestaciones se financian con los presupuestos del Estado y no con las cotizaciones sociales.

En cuanto a si esta propuesta puede ser contradictoria con el mensaje del Gobierno de acercar la edad real de jubilación (62 años) a la legal (65), dijo que es coherente que se pretenda frenar los abusos en el sector privado, mientras que, de manera 'selectiva y acotada', se aplica un proceso de rejuvenecimiento en la administración.

Ley 'básica'

El ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla apuntó que el futuro acuerdo se aprobará mediante una 'ley básica'. Ello permitirá al resto de Administraciones (comunidades y municipios) sumarse a esta iniciativa, como pretende el Gobierno.