Montilla apunta la posibilidad de cobrar más cara la energía si hay un consumo indiscriminado
El ministro de Industria, Turismo y Comercio, José Montilla, ha anunciado hoy que el Gobierno estudia la posibilidad de establecer un precio mayor por unidad energética consumida por encima de lo que sea considerado un consumo razonable, entre otras medidas para evitar los derroches de energía.
Montilla ha explicado que el Ejecutivo trabajará "de manera inmediata" en esa posibilidad, aunque reconoció que su aprobación precisará de consenso "institucional y social". Además, apostó por destinar esos sobreprecios a financiar inversiones de eficiencia energética.
A su juicio, las administraciones, además de realizar campañas de educación en la escuela y de concienciación ciudadana para formar en el ahorro, han de impulsar medidas para evitar derroches. En ese sentido, insistió en que para garantizar un desarrollo sostenible es necesario adoptar acciones de gestión de la demanda que permitan reconducir el modelo energético español, labor que calificó como "el gran reto de la política energética de los próximos años".
Montilla, que ha clausurado en su Ministerio una jornada sobre 'Gestión de la Demanda Eléctrica', ha destacado la importancia de una amplia mentalización individual sobre de los peligros de un consumo incontrolado de energía, que ha de estar apoyada en una política energética global que asegure que los precios tienden a reflejar los costes reales y que promueva el ahorro.
En ese sentido, ha anunciado la inmediata puesta en marcha del Plan de Acción 2005-2007 de la Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética de España 2004-2012 y adelantó que está a punto de finalizarse la revisión del Plan de Fomento de las Energías Renovables.
'Revenue cap
Por su parte, el profesor José Ignacio Pérez Arriaga, responsable de la elaboración del Libro Blanco para la reforma del marco regulatorio de la generación eléctrica, aboga por elaborar un nuevo sistema retributivo de la actividad de distribución eléctrica del tipo 'revenue cap' (sistema de ingresos máximos).
Su idea es que el regulador establece las tarifas de distribución por un periodo de varios años y no las modifica, con independencia de que el distribuidor consiga mejorar su eficiencia o influir en la limitación del consumo o en la curva de la demanda, bien porque aún ejerce la función de comercializador de clientes a tarifa, o bien porque actúa como gestor de la red de distribución con contratos de interrupción y de control de tensión con determinados consumidores.
Esta propuesta forma parte de un informe sobre "La gestión de la demanda eléctrica" publicado por la Fundación Alternativas, 'laboratorio de ideas' próximo al PSOE y que preside el ex ministro Juan Manuel Eguiagaray. Montilla adelantó que su Departamento tendrá en cuenta el contenido del estudio en la elaboración de posibles futuras medidas legislativas.
El documento, presentado esta tarde, ha sido escrito por Pérez Arriaga, por el subdirector de Regímenes Especiales de la Dirección de Energía Eléctrica de la CNE, Luis Jesús Sánchez de Tembleque, y por la presidenta del Comité de Investigación sobre el Cambio Medioambiental Global, Mercedes Pardo.
En el caso concreto de la retribución de la distribución, Arriaga y sus compañeros consideran que el asunto requiere un estudio detallado para lograr un sistema más "sofisticado" que el actual, algo que reconocen que ya se está revisando en profundidad.
Dependiendo del resultado de esta evaluación más detallada, consideran que podría decidirse si resulta conveniente o no que el distribuidor, cuando ejerce como comercializador de clientes a tarifa, pueda participar en los incentivos económicos destinados a programas de gestión de la demanda eléctrica o, en general, en los fondos de promoción del ahorro y la eficiencia energética.
A su juicio, el distribuidor podría efectuar contratos con los consumidores con cláusulas de interrumpibilidad y de control de tensión, para que éstos colaboren a mejorar la operación y la calidad del suministro en su ámbito territorial.
Tarifas, reflejo del precio de la energía
Estas ideas forman parte del conjunto de medidas propuestas en el informe para mejorar la gestión de la demanda y que los autores agrupan en tres bloques: acciones que facilitan la respuesta de la demanda a los precios de la electricidad; que promocionan el ahorro y la eficiencia energética; y otras acciones "transversales" de apoyo.
En el primer bloque se apuesta por facilitar que las verdaderas señales económicas del suministro eléctrico (precio de la energía, cargos de garantía de suministro y por utilización de las redes) lleguen a los consumidores.
En este sentido, creen que las tarifas reguladas, ya sean las integrales o las de acceso, han de transmitir en cada momento una aproximación a los precios reales de la energía. "No debe perderse de vista el objetivo de largo plazo de internalizar progresivamente el coste de todos los impactos de la producción y consumo de electricidad en su precio", recalca el documento.
Asimismo, consideran que el Gobierno debe diseñar un marco regulatorio que incentive a las comercializadoras a ofrecer a los consumidores "tarifas avanzadas" y adaptadas a su perfil de consumo. Para lograr esto y avanzar en una competencia efectiva, estiman que una "entidad neutral" debería centralizar toda la información sobre los consumidores, permitiendo su acceso en igualdad de condiciones a las empresas.