Las dudas frenan la creación de los seguros 'verdes'
Es la primera vez que el sector seguros, en vez de frotarse las manos, se siente inseguro, valga la contradicción, ante una oportunidad de negocio como la que supone que el Gobierno vaya a obligar a las empresas a suscribir una póliza que cubra los posibles daños medioambientales derivados de su actividad. Las principales aseguradoras, incluidas las que se encuentran en el Pool Español de Riesgos Medioambientales (Perm), esperan escuchar más aclaraciones sobre el borrador de ley que maneja el gabinete de la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, para empezar a definir productos y analizar cómo van a ser capaces de dar una cobertura sobre la que hay más dudas que certezas.
'Para dar más amplitud a los riesgos cubiertos, es necesario que se mejoren algunos aspectos del sistema de responsabilidades, que se elaboren nuevos métodos de evaluación de riesgos y de valoración de daños medioambientales', critica Jaime de Argüelles, presidente del Perm, la agrupación de seguros que da cobertura por daños de contaminación desde 1994 en España.
Las principales críticas de las aseguradoras se centran en que el borrador no define con exactitud términos como daños a las especies y ecosistemas, no fija los criterios de reparación de daños ni define la graduación de los costes según los casos, como tampoco determina el contenido de los seguros obligatorios.
'Los seguros disponibles en Europa se ofrecen con criterios selectivos'
El borrador no fija los criterios de reparación de daños ni gradúa los costes
Estas dudas hacen que los principales corredores de seguros estén esperando a que se despejen para ponerse a trabajar en las nuevas pólizas. 'Todo el sector está a la espera. Necesitamos tener más detalles sobre las exigencias del borrador, los costes, si finalmente va a ser de suscripción obligatoria para todo tipo de empresas y hasta dónde se quiere llegar. Estamos a la expectativa', se queja Víctor Reviriego, de Aon Gil Carvajal, quien dice que la Administración aún no se ha puesto en contacto con ellos y que toda la información la obtienen en la prensa.
A estas alturas, lo único que parece claro es que la fórmula más viable para que el sector pueda hacer frente a estos nuevos riesgos medioambientales es que los asuma el Pool. Las aseguradoras y reaseguradoras miembros del Perm, que hoy suman 27, tienen una capacidad de cobertura de 11,8 millones. Estos agrupamientos de empresas se dan cuando el riesgo es alto y no puede hacerse cargo de él una empresa por sí sola.
Para darse cuenta del volumen del riesgo asumido, basta con recordar los 240 millones de euros que la Administración desembolsó por los daños causados por la empresa Boliden en Doñana en 1997. Con los seguros obligatorios se quiere que las empresas no tengan otra opción que asumir los costes de reparación de los daños causados, sea por negligencia o no, y tengan solvencia económica o no.
'Son coberturas caras, que pueden resultar más asequibles si el riesgo lo asume un pool', reflexiona Ramón Canosa, de Marsh, quien fue uno de los responsables de un informe sobre la viabilidad de este tipo de pólizas para el Gobierno anterior. Entre sus críticas constructivas resalta que para hacer viables estos productos, además del respaldo del pool, los seguros individuales deben tener la opción de escoger otros instrumentos financieros y deben contar con un tiempo de transición para formar a su personal y crear los fondos precisos.
A pesar de todas las críticas, en otros países las coberturas por daños medioambientales existen desde hace tiempo, especialmente en el Reino Unido y Estados Unidos. De hecho en España, empresas como XL Environmental, Chubb Financial Solutions o Qantas, permiten contratar desde la filial española este tipo de cobertura que se asume desde las centrales.
'Todos los seguros disponibles en Europa se ofrecen a través de entidades especializadas y con criterios selectivos. El volumen de primas es muy escaso', asegura Jaime de Argüelles, que cree que todavía éste es un mercado muy inmaduro pese a las experiencias europeas. En este sentido coincide Reviriego, de Aon Gil Carvajal, quien asegura que sus colegas de Europa están pendientes de la aplicación de la directiva europea.
El plazo para trasladar la directiva a la normativa local finaliza en 2007, pero Narbona se ha propuesto que en España se apruebe una ley este mismo año. Pese a esta premura, las que parecen menos preocupadas son las empresas afectadas, que según las aseguradoras no han mostrado demasiada inquietud. 'Aún queda mucho camino por recorrer', aseguran desde el Perm al referirse al interés de las industrias por controlar sus riesgos medioambientales.
Primas entre 17.000 y 29.000 euros
Marsh, Nera y Garrigues prepararon a petición de la antigua ministra del ramo, Elvira Rodríguez, un estudio para valorar cuánto podría costar una póliza para cubrir los daños medioambientales y los impactos que podría tener sobre las empresas afectadas.El informe calculaba, con los datos disponibles en 2003, que las primas medias costarían 29.110 euros en un escenarios de riesgo alto, y unos 17.200 euros contando con un riesgo bajo.Este estudio calcula que había algo más de 5.000 instalaciones afectadas y que el coste total de estos avales financieros supondrían un desembolso de entre 84 y 140 millones de euros.Las empresas consideradas de alto riesgo eran aquellas situadas en las proximidades de lugares sensibles o que carecían de sistema de gestión ambiental. De los 31 sectores que habían analizado, sólo un 25% de las empresas sufriría un impacto significativo en sus finanzas por el pago de estos seguros, que eran los negocios más pequeños, con una facturación de menos de cinco millones de euros.Los sectores más afectados serían los de metales ferrosos, textiles, granjas de aves y cerdos, química orgánica e inorgánica, fertilizantes y explosivos.