Economía pide elevar el control interno en las aseguradoras
Los recientes escándalos en el mundo de los seguros han impulsado a Economía a pedir un doble esfuerzo a las 300 compañías para mejorar el control interno, así como a impulsar 'voluntariamente' prácticas de buen gobierno. Junto a los profundos cambios normativos que atraviesa el sector, el supervisor se centrará a partir de ahora en la transparencia informativa, el control de la publicidad y la innovación de productos.
La transformación que atraviesa la actividad aseguradora quedó ayer patente en la jornada de apertura de la Semana del Seguro, el principal foro de debate de un sector que factura más de 45.000 millones de euros y da trabajo a más de 200.000 personas. La ley de mediación, que moderniza las figuras que pueden operar en el sector, supondrá transformaciones estructurales y deberá compaginarse a medio plazo con la adaptación a las nuevas normas contables internacionales así como la regulación de Solvencia II, relativa a las exigencias de capital que deben mantener las entidades.
El director general de Seguros, Ricardo Lozano, lanzó ayer, sin embargo, un nuevo reto a las aseguradoras al instarlas a 'redoblar los esfuerzos en materia de control interno', algo 'imprescindible en la gestión de riesgos'. La autorregulación, y el 'conocimiento anticipado de la evolución de la actividad' simplificarán el camino para retos normativos como Solvencia II, que entrará en vigor a partir de 2006. A pesar de los costes adicionales, los beneficios serán significativos, señaló Lozano.
Al igual que las exigencias en las entidades financieras, el responsable de la Dirección General de Seguros (DGS) instó a las aseguradoras a adoptar 'voluntariamente' códigos de buen gobierno que complementen la función del supervisor y protejan los intereses de minoritarios y terceros al margen de los objetivos a corto plazo que reclaman los mercados.
Los 'cinco pilares' que prioriza la DGS impulsan también la transparencia informativa del sector, tanto hacia los asegurados, con un efecto favorable en los costes de tramitación de siniestros, como hacia los inversores. En el punto de mira estará también la publicidad de las entidades, actualmente regulada por una normativa de 1998 así como la innovación de productos que dan cobertura a las inversiones.
Lozano puntualizó que se han detectado 'ciertas prácticas no adecuadas' en el marco de la publicidad que pueden generar 'conflictos' entre los intereses de las compañías y los clientes.
Un sector muy atomizado
La futura ley de mediación, que actualmente se encuentra en el Consejo de Estado, supondrá cambios en la estructura del sector asegurador. En concreto, tal y como indicó ayer Elena Tejero, subdirectora general de Ordenación del Mercado de Seguros de la DGS, el 78% de las carteras de agentes de seguros no superan los 30.000 euros, algo que 'lógicamente' cambiará con la normativa de forma que las entidades puedan hacer frente a las exigencias de la ley -capacidad financiera, formación, etc.-. El número de agentes de seguros aumentó un 1,7% el pasado año, con 2.230 incorporaciones netas y 20.000 nuevas altas, según las cifras de la patronal del sector, Unespa. Este colectivo canalizó 13.453 millones de euros, lo que representa cerca del 30% de las primas de seguros facturadas por el sector. Junto a los agentes, Tejero señaló que existen 91 operadores de bancaseguros, de los cuáles el 60% toma la forma de corredor y el resto de agente. A nivel nacional existen, además, cerca de 5.000 corredores, con carteras de pequeño volumen, aunque, tal y cómo señaló Tejero, aún no se conoce la estructura de las carteras, que son de pequeño volumen en su mayoría.
En espera del reglamento de fondos
El supervisor de seguros y fondos de pensiones permitirá la inversión en productos de gestión alternativa, como hedge funds, si así se autoriza en el reglamento de Instituciones de Inversión Colectiva (IIC) que prepara el Ministerio de Economía. El máximo responsable del organismo señaló ayer que esperará a que se publique la normativa -previsiblemente en julio- para decidir en qué productos pueden invertir los fondos de pensiones, con el objetivo de que no existan 'divergencias' con los fondos de inversiones. 'Queremos estar en la misma línea', apuntó el supervisor. Lozano señaló que espera reunirse la próxima semana con la patronal de los fondos de pensiones y de inversión (Inverco) para diseñar un borrador que especifique los productos en los que pueden invertir las instituciones de pensiones.
Un producto mixto para pensión y dependencia
Uno de los mayores retos que afronta el gobierno es la puesta en marcha del llamado Sistema Nacional de Dependencia (SND), el cuarto pilar del Estado del Bienestar que afecta en la actualidad a 2,7 millones de personas. La financiación del sistema -los costes se estiman entre los 8.500 y 10.000 millones de euros- es la clave para el consenso entre todas las partes implicadas y ya nadie duda de que la participación del sector privado será esencial, a pesar de que aún queda por definir los aspectos más básicos. En la jornada de ayer, Caser, la entidad participada por 37 cajas de ahorro, lanzó una propuesta innovadora: un producto que combine las posibilidades de los planes de pensiones con las coberturas de los seguros de dependencia. Los aspectos fiscales estarán, en cualquiera de las fórmulas elegidas, en el punto de mira de las aseguradoras.