Los expertos apuestan por transferir a los ayuntamientos parte del IRPF autonómico
El sector público local apenas ha crecido en porcentaje de gasto en las dos últimas décadas. Un estudio de la Fundación Encuentro defiende que los ayuntamientos participen en el IRPF que ya está transferido a las comunidades autónomas.
El informe, coordinado por el catedrático de la Universidad autónoma de Barcelona Joan Subirats, anticipa el riesgo de que el actual debate sobre la redefinición de las competencias autonómicas y las reformas estatutarias monopolice la agenda política del Gobierno, en perjuicio de los intereses de las corporaciones locales.
Los ayuntamientos gestionan en la actualidad el 13% del gasto público, frente al 54% del Gobierno central y el 33% de las comunidades autónomas. Este porcentaje no es muy distinto al de 1981 (10%) y es bajo si se compara con el peso de los gobiernos locales en países federales con sectores públicos más descentralizados, como es el caso de Alemania, Austria, Suiza o Canadá.
Estos datos muestran que la importancia relativa del sector público local español en el conjunto del gasto de las administraciones públicas casi no se ha modificado en los últimos veinte años, lo que no significa, como es evidente, que el volumen del gasto local haya sido siempre el mismo. En quince años, el gasto por habitante de los ayuntamientos pasó de 31.452 pesetas (año 1986) a 122.196 pesetas (año 2000).
La situación se agrava, según los expertos, si se tiene en cuenta que las corporaciones locales han asumido en los últimos años competencias, buena parte de ellas en el sector de los servicios sociales, que son de las comunidades autónomas y no han estado cubiertas por la correspondiente financiación. Los autores del informe proponen que este problema se solucione mediante un proceso de descentralización que lleve a los ayuntamientos a asumir formalmente competencias en educación, trabajo, atención primaria en salud y vivienda, hasta ahora fuertemente centralizadas en los niveles estatal y autonómico.
Educación ligada a empleo
En el ámbito educativo, las corporaciones locales podrían establecer servicios flexibles según las demandas formativas del mercado de trabajo. El estudio defiende también la conveniencia de transferir a los ayuntamientos las políticas activas de empleo. Para aumentar la financiación que cubra todas estas competencias, los expertos defienden la vía de las subvenciones específicas a los gobiernos locales por parte de las comunidades autónomas y también su participación en la parte del Impuesto sobre la Renta que ya está transferido a los distintos territorios.
Esta iniciativa aumentaría la transparencia del sistema de financiación municipal y ayudaría a establecer una mejor vinculación entre este Impuesto y los servicios que realmente contribuye a financiar.
El informe de la Fundación Encuentro coincide con el propósito del Ministerio de Administraciones Públicas de impulsar en esta legislatura el Libro Blanco para la reforma del Régimen Local, cuyo objetivo es sentar las bases de funcionamiento de estas Administraciones para el siglo XXI.
El 40% de la población vive en las grandes ciudades
España es una sociedad mayoritariamente urbana. 28 millones de personas, dos de cada tres, viven en municipios de más de 20.000 habitantes. A su vez, hay 8.109 ayuntamientos, de los que el 85% tiene menos de 5.000 habitantes. Los municipios de más de 100.000 habitantes suman 17 millones de ciudadanos, el 40,5% de la población española. En esta realidad urbana, sobresale el conjunto de las grandes ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Zaragoza, Málaga, Murcia, Las Palmas, Palma de Mallorca y Bilbao.A la hora de abordar la descentralización municipal y la transferencia de competencias, hay que tener en cuenta el fenómeno de la inmigración. El 44,3% de la población extranjera se concentra en municipios de más de 100.000 habitantes, lo que demuestra que un número también significativo de inmigrantes vive en poblaciones pequeñas. Su presencia es más relevante en localidades como Alicante, Málaga, Almería y Las Palmas, especialmente en municipios con agricultura intensiva.