No hay que ponerse nerviosos
La experiencia comparada y los años de funcionamiento de nuestro sistema ponen de manifiesto la importancia de la gestión cotidiana de los modelos de financiación y la necesidad de la colaboración entre las distintas Administraciones para alcanzar todas sus potencialidades, especialmente en el ámbito, cada vez más importante, de la coordinación. Esta es una tarea diaria que tiene que abordarse desde la confianza mutua, el respeto a las competencias de cada parte, la información compartida y la cooperación y, sobre todo, la lealtad institucional. Difícilmente las cosas van a funcionar bien si se trata de imponer modelos castizos de financiación en un proceso de negociación bilateral, por cuanto cada uno tiene in mente el modelo que más le interesa y puede sentirse tentado a defenderlo de igual manera.
El sistema de financiación de las comunidades autónomas de régimen común se ha ido configurando, las dos últimas décadas, por los acuerdos en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera, que se han plasmado en el cuadro normativo correspondiente y en los acuerdos bilaterales de las comisiones mixtas en cada comunidad. Su articulación se ha basado en el cumplimiento de una serie de principios inspiradores: autonomía, suficiencia, solidaridad y coordinación, que han condicionado su desarrollo, todos fundamentales para la consistencia institucional del modelo.
Dicho esto, me parece fundamental destacar la necesidad de no ponerse nerviosos con la propuesta de financiación que ha surgido de la Generalitat de Cataluña. Se trata de un proyecto complejo, aunque perfectamente constitucional, si bien supone un cambio cualitativo del modelo de financiación por mucho que se quiera decir que entra en el esquema Lofca. En términos generales, va a ser de difícil aceptación por el Gobierno de Estado por cuanto supone privar de competencias financieras y de coordinación básicas al mismo, especialmente en lo referido a su función de garante de la solidaridad interterritorial, pero ha de ser el Consejo de Política Fiscal y Financiera el que ponga los puntos sobre las íes en la negociación de esta propuesta preliminar a través de un debate técnico, constructivo y desapasionado por todas las partes.
Respecto a los aspectos puntuales de un modelo que se caracteriza por la recaudación de todos los tributos cedidos y compartidos territorializados (IRPF, IVA, tabaco, alcohol, hidrocarburos y Sociedades) por el Gobierno catalán y la cesión al Estado de un parte de los impuestos recaudados (se habla del 50%), me preocupa especialmente la gestión del Impuesto de Sociedades por cuanto podría suponer la ruptura de la unidad fiscal de mercado si el Gobierno catalán pudiese ejercer competencias normativas en la fijación de elementos tributarios básicos como los tipos impositivos, ya que se podrían generar procesos de competencia fiscal para ubicar empresas en sus territorios, recreando problemas ya manifestados en las relaciones fiscales entre el Gobierno central y las diputaciones forales vascas, y que se están tratando de resolver a nivel europeo.
Otro elemento de preocupación es la creación de una Agencia Tributaria catalana con competencias en la gestión de todos los tributos cedidos y compartidos y coordinada o 'consorciada'(¿?). Los flujos de información fiscal se articulan como eje fundamental de un sistema moderno de control y administración fiscal. La multiplicidad de agencias tributarias subcentrales impediría la homogeneización de los procesos de gestión y recaudación en todo el país, comprometería la igualdad de trato de todos los contribuyentes en el Estado, produciría nuevas formas de arbitraje fiscal y, en definitiva, limitaría la eficiencia y la recaudación del sistema fiscal en su conjunto.
No quiero dejar de referirme al principio de solidaridad. Es cierto que subyace en la propuesta, pero entendida de forma unilateral, es decir, a la catalana. Los límites a la solidaridad van a venir prefijados por la voluntad de la autoridades catalanas para ser solidarias, esto es, en función de una cobertura plena y de calidad de todos los servicios públicos en su territorio. En definitiva, van a ser todo lo solidarios que quieran ser. Ni más ni menos.
Catedrático de Hacienda Pública (UCL-M). Miembro de la Comisión para la Reforma de la Financiación Autonómica de 2001