Electricidad

Industria pedirá nueve millones de aval para solicitar un ciclo combinado

Industria está preparando una norma para evitar el atasco administrativo que provoca la avalancha de solicitudes de nuevos ciclos combinados. Para ello, exigirá un aval equivalente a un 3% de la inversión (una central de 800 MW cuesta unos 300 millones), que los nuevos entrantes consideran discriminatorio.

El Ministerio de Industria ha encontrado un método para frenar el atasco administrativo que está provocando el alud de solicitudes de nuevas centrales de ciclo combinado. Uno de los mandatos incluidos en el plan de medidas de dinamización económica instaba a Industria a elaborar un real decreto ley que, entre otras medidas, incluyese la obligación por parte de los titulares de nuevas instalaciones de generación 'de depositar un aval de forma paralela al inicio de solicitudes de autorización', tanto del régimen ordinario como del especial (en este caso, sólo la conexión a la red).

Fuentes cercanas al ministerio señalan que este aval, según el proyecto actualmente en redacción, será por una cantidad equivalente al 3% de la inversión. Teniendo en cuenta que el coste mínimo de construcción de un ciclo combinado de 800 MW (el habitual en España) es de unos 300 millones de euros, la eléctrica que quiera solicitar autorización para construir una planta de este tipo, debería presentar una garantía de unos nueve millones de euros a partir de la entrada en vigor del decreto.

Esta medida ha provocado el malestar de las generadoras que están accediendo al mercado, pues se sienten discriminadas por una decisión que no afectará a las solicitudes vigentes (mayoritariamente de las grandes compañías eléctricas), pero sí a las futuras, por lo que afectará más a los nuevos competidores. Entre ellos, Electrabel, Global 3 Energia, Vizcaya Energia, AES o Intergen.

Representantes de los afectados han pedido al ministerio que elabore la norma (que supone la modificación del real decreto 1955/2000) de tal manera que no dificulte la entrada de nuevos competidores. Para ello proponen dos opciones: o que el aval lo tengan que presentar sólo los operadores dominantes o que éste sea progresivo, esto es, que no sea obligatorio cuando se solicite una primera central y que vaya aumentando el porcentaje a medida que se pidan más.

Aunque el objetivo del mandato sobre avales 'es evitar incertidumbres sobre la capacidad a instalar', según el texto, lo cierto es que más de 100 solicitudes de nuevos ciclos se amontonan en las dependencias de la Secretaría General y en las de Red Eléctrica y Enagás.

Según los datos del gestor eléctrico, a 1 de abril, las solicitudes vigentes de acceso a la red en el régimen ordinario ascienden a 63.354 MW de potencia, la inmensa mayoría de ciclos combinados, lo que equivaldría a 63 grupos de mil MW, si bien lo habitual son 400 y 800 MW, con lo que el número de grupos superaría el centenar. A estas se añaden casi 35.000 MW eólicos y 887 MW del régimen especial no eólicos.

Aunque la identidad de los solicitantes es confidencial, fuentes de la Administración afirman que la empresa que más permisos ha presentado es Iberdrola, seguida de Gas Natural, Endesa y Fenosa.

Los papeles se atascan en el cajón

Para construir una central de ciclo combinado (y cualquier otra instalación de generación eléctrica) las empresas deben solicitar una autorización administrativa al Ministerio de Industria y un informe de impacto medioambiental al de Medio Ambiente. Para obtener el permiso de Industria, es imprescindible el visto bueno del departamento que dirige Cristina Narbona que, a su vez, está obligado a realizar una audiencia pública con las autoridades, vecinos y distintas asociaciones de las zonas donde se quieren construir las plantas. Es, precisamente en este punto, donde se estanca el proceso, por lo que es el de Medio Ambiente el ministerio que más sufre el atasco.

Sin embargo, no es el único. La gestión de las solicitudes también afecta a los operadores del sistema eléctrico (REE) y del gas (Enagás), que han tenido que redoblar sus esfuerzos en los últimos años para tramitar tanta autorización. De hecho, en estas compañías consideran que este esfuerzo debería repartirse.

El aval que ahora quiere exigir el Gobierno para que las autorizaciones que se soliciten respondan a proyectos solventes y no se queden por el camino ha encontrado la oposición de los nuevos entrantes. Con todo, éstos están de acuerdo en que se impongan barreras, pues muchas veces las grandes piden autorización para un emplazamiento con el fin de que éste quede hipotecado y no lo solicite un rival.