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Proyectos

Fomento vuelve a aplazar indefinidamente el inicio de la Operación Chamartín

La Operación Chamartín, uno de los proyectos urbanísticos más ambiciosos de la capital, quedó ayer de nuevo paralizada por el desencuentro entre las tres administraciones implicadas: Ayuntamiento, Comunidad y Ministerio de Fomento.

En la reunión del consejo rector del Consorcio urbanístico celebrada ayer, el departamento dirigido por Magdalena Álvarez volvió a pedir un aplazamiento 'sin fecha' de la actuación. Fomento debe decidir de forma clara el número de viviendas de protección oficial que quiere promover en esa zona, aunque hasta ahora aún no ha presentado un proyecto.

Al término de la reunión, el Ayuntamiento de Madrid hizo público un comunicado en el que considera 'técnicamente paralizada' la operación. Fuentes de la empresa Duch (participada por el BBVA y Constructora San José), propietaria de los derechos del suelo, expresaron su frustración. 'Después de ocho años, lo único que podemos hacer es esperar'.

El proyecto de Fomento de aumentar el parque de vivienda protegida es rechazado por Duch, ya que supondría renunciar a las plusvalías que se obtendrían de la operación si las 312 hectáreas de suelo fueran destinadas íntegramente a vivienda libre.

'Si el Ministerio quiere más viviendas protegidas tendrá que construirlas en los aprovechamientos que actualmente tiene el propio ministerio en la zona', indicó ayer a Europa Press el consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid, Mariano Zabía.

Como alternativa, el Ayuntamiento ha propuesto construir una ciudad financiera en 1,3 millones de metros cuadrados que quedan libres en la zona, y de los que se podrían beneficiar las tres administraciones.

Además de la problemática de las viviendas, está el escollo impuesto por la Comunidad de Madrid. Su presidenta, Esperanza Aguirre, ha anunciado un cambio en la Ley del Suelo de la capital para impedir el aprovechamiento lucrativo de las administraciones públicas en los desarrollos urbanísticos.

Si la norma sale adelante antes de que se apruebe la operación, ello supondría acabar con los planes de Renfe, que pretende financiar su nueva estación con la venta de los terrenos.

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