La SEPI condiciona las ayudas públicas a Babcock al cumplimiento del plan industrial
La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) está haciendo un 'control exhaustivo' de las actuaciones de la empresa Austrian Energy en su filial Babcock Borsig España.
La SEPI podría cancelar las ayudas públicas que aún tiene comprometidas con el grupo, y que ascienden a 34 millones de euros, si la empresa austriaca incumple los compromisos asumidos.
Babcock, que fue privatizada en 2001, fue adquirida por Austrian Energy el año pasado, asumiendo los compromisos contractuales que la anterior propietaria tenía firmados con la SEPI.
Entre ellos, estaba la elaboración de un plan industrial que supusiera un aumento de la carga de trabajo de la compañía y la consecución del plan de prejubilaciones.
Sobre el primer punto, el presidente de la SEPI reconoció ayer en una intervención ante la Comisión de Economía del Senado que el plan se encuentra 'en un punto de desarrollo preliminar', y por eso se ha reunido con la empresa para 'instarle' a asumir su compromiso.
'Babcock dispone, no obstante, de una cartera de contratos que garantiza su plena ocupación hasta noviembre de este año', explicó Enrique Martínez Robles. 'En cuanto a transferencia tecnológica, ha traspasado seis licencias para el diseño de calderas, así como el desarrollo de proyectos de formación'.
Las aportaciones realizadas por la SEPI para colaborar en el desarrollo del plan industrial alcanzan 130 millones de euros, de los que 85 millones corresponden al plan de reestructuración laboral y 21 millones a la cobertura de contingencias de contratos.
'Las cantidades pendientes de aportar, 34,4 millones, están destinadas a la financiación de inversiones y gastos de relanzamiento', explicó ayer Martínez Robles. No obstante, esa ayuda podría quedar congelada si Austrian Energy no cumple.
Además, y dentro de las acusaciones vertidas por algunos senadores, que afirman que la SEPI está amparando un desmantelamiento de Babcock para que la empresa austriaca venda los terrenos, Martínez Robles aseguró que 'cualquier enajenación de inmuebles de más de 1,5 millones exige autorización de la SEPI. 'No vamos a amparar nunca venta de activos para especular', afirmó.