Un giro al mapa del transporte
Fomento lanzó en diciembre un ambicioso plan de infraestructuras diseñado hasta 2020 con una inversión de 241.000 millones, el PEIT. El principal problema que ven las constructoras es cómo se articulará la financiación
Un ambicioso replanteamiento de las infraestructuras en el territorio que incluye 241.000 millones de euros de inversión para un nuevo diseño del mapa ferroviario, de carreteras, puertos y aeropuertos del país en los próximos quince años. El Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte (PEIT) es la apuesta por un nuevo modelo que el Ministerio de Fomento presentó en diciembre pasado y que ha despertado grandes expectativas en las constructoras y los gestores de infraestructuras.
El transporte ferroviario es el foco en el que las empresas se han fijado primero por el presupuesto: 103.410 millones, el 43% del total. De hecho, lo ve como una de las actuaciones 'de mayor interés junto con la mejora y ampliación de los puertos españoles', según las mismas fuentes. El objetivo, multiplicar por diez las líneas de alta velocidad y reforzar las mixtas (para viajeros y mercancías) de altas prestaciones. Precisamente la normativa ferroviaria fue uno de los primeros cambios del nuevo Gobierno. Con la ley ferroviaria del PP, recurrida ante el Constitucional por seis autonomías, a punto de entrar en vigor pidió una moratoria. La reelaboró, completó el desarrollo de la liberalización de la explotación ferroviaria y se aprobó en enero. Abrió así una nueva etapa con la separación del gestor de la red, Adif, y Renfe.
A la red de carreteras, otro punto clave, se destina el 25% de la inversión del PEIT. Supone un giro en la concepción de estas infraestructuras ya que potenciará la construcción en malla en vez del sistema radial tradicional. Serán 6.000 kilómetros más de viales que se unirán a los 9.000 existentes. En segundo plano en volumen se sitúan el transporte marítimo, que se lleva el 9,72% (23.460 millones) y el aéreo, con el 6,5% (15.700 millones).
Ante un plan que duplica el plazo del anterior que comenzó Álvarez Cascos en 2000 y con voluminosa dotación, las empresas se frotan las manos. La patronal de las grandes, Seopan, hace balance y alaba la iniciativa realizada 'en tiempo récord' y la aprobación por parte de Fomento de un programa extraordinario de inversiones que debe servir de puente entre el anterior plan y el nuevo mientras se tramitan 'para mantener los niveles de actividad en 2005 y también en los tres años siguientes'. Tras presentarse el PEIT la patronal hizo una propuesta de infraestructuras que presentó la CEOE y que Fomento ha recogido, según Seopan, aunque otras fuentes dicen que no se ha incluido. El plan 2005-2012, con 23.305 millones de inversión de los que 21.850 millones serían de aportación privada se centra en carreteras en régimen de colaboración pública y privada (CPP), de peaje directo y en sombra (un canon anual por uso).
Superado el periodo de incertidumbre que duró hasta diciembre, cuando el departamento que dirige Magdalena Álvarez desveló el proyecto, surgieron otros temores para las compañías. Unos parecen salvados y otros no.
Por ejemplo, el parón por el cambio de Gobierno lo han sorteado bien, o al menos eso afirman varias fuentes consultadas en el sector. 'Las obras en marcha procedentes del plan anterior han salvado este año', explican. Una actividad que aporta el 18% del PIB y genera el 12% del empleo no se puede permitir el lujo de afrontar un freno. Otro de los temores es que Fomento, llegado 2006, tarde en aprobar las primeras licitaciones. Aunque el sector confía en que cumpla el calendario. La ministra quiere que el plan cuente con todas las aportaciones posibles. Esto ha motivado rondas de consultas con el sector y las comunidades autónomas, que reclaman también su papel. Antes del verano, Fomento cree que recibirá el visto bueno del Consejo de Ministros y antes de final de año, el del Congreso. Y luego, pistoletazo de salida.
Pero antes el ministerio tiene que especificar varios puntos. De hecho, la falta de concreción en los proyectos ha sido una de las críticas más repetidas. Aunque el verdadero problema que ven las constructoras es cómo se va articular la financiación. El PEIT estipula que el 59,5% de la inversión la aportará el Estado, como recientemente ha ratificado el vicepresidente Pedro Solbes. Y el restante 40,5% será a partes iguales con capital privado y con colaboración con el público. En este terreno, ANCI (Asociación nacional de constructores), y Aerco (Asociación de empresas regionales), reclaman un reparto equitativo de los proyectos que no beneficie sólo a las grandes compañías del sector.
En el esquema diseñado, Álvarez ya ha previsto que el 81% en ferrocarriles y el 75% en carreteras corra a cargo de los presupuestos, con menor peso de la empresa privada. Pero tendrá un papel predominante en puertos y aeropuertos donde la fórmula extrapresupuestaria no llega al 10%. Una vez conocido el sistema, el sector se pregunta cómo se va a materializar esta financiación. 'Hay capacidad financiera por parte de las empresas para acometer grandes inversiones; dinero privado hay', apunta un veterano experto. 'Ahora todo está en manos de la decisión política'.
En el PEIT Fomento expone distintas fórmulas de financiación con las que ha abierto un debate sobre el pago por uso que ya se aplica en otros países europeos. Ahora, Seopan le prepara un estudio sobre la mejor forma de aprovechar la colaboración pública y privada.
Aún hay otra interrogante que se debe despejar en próximos meses. Cómo serán los nuevos pliegos, los que fijan las condiciones de los contratos, que el ministerio exigirá a las empresas. Las empresas, mientras, calientan motores.