El plan contra la piratería evita los cambios legales
En un lado, las asociaciones de usuarios; en otro, el resto de los sectores implicados: gestores de derechos de la propiedad intelectual, productores de música e industria de las tecnologías de la información. El Plan Integral en Defensa de la Propiedad Intelectual que ayer aprobó el Gobierno supone 'criminalizar a los usuarios' si los que opinan son, por ejemplo, la Asociación de Usuarios de Internet o la Federación de consumidores en Acción (Facua). Pero el Plan es 'un gran paso' para el resto, siempre que se le dote de contenido y presupuesto.
Las medidas ayer aprobadas se centran en el sector musical, el audiovisual, el libro y el software; implica a 11 de los 16 ministerios existentes y prevé la creación de una Comisión Intersectorial con representantes de esos 11 ministerios y de los sectores afectados.
En conjunto, se trata de luchar contra dos fenómenos: la copia ilegal de música y películas (los conocidos top manta) y las descargas ilegales en internet. Según afirmó ayer María Teresa Fernández de la Vega, vicepresidenta y portavoz del Gobierno, el Plan se ha aprobado con carácter de 'urgencia' ante la situación por la que está pasando la música y el cine que 'están literalmente por los suelos'. Estudio de la situación, vigilancia policial y concienciación ciudadana son los tres ejes del proyecto.
Con carácter urgente se abordará la especialización de fiscales, peritos y policía judicial para agilizar los juicios; se creará un grupo policial especializado en propiedad intelectual; se firmará un convenio con la Federación Española de Municipios y Provincias para hacer el Mapa de la Piratería con las zonas prioritarias de actuación y se creará un grupo de trabajo que aglutinará a los implicados.
En principio, el plan no requerirá nuevas leyes. Algo que no gusta a los afectados ya que recuerdan que aún falta una adaptación de la Ley de Propiedad Intelectual a la directiva europea que ya lleva cinco años de retraso, están pendientes los cánones compensatorios por copia privada y se requieren cambios en la Ley de la Sociedad de la Información, por no hablar del Código Penal.
Luis Frutos, presidente del Comité Español de la BSA (Business Software Alliance, asociación que representa a la industria del software), considera que 'el plan está muy escorado al mundo de la cultura y debe desarrollarse en la industria del software porque, sólo en España, la piratería ocasiona pérdidas de 421 millones de euros al año y 6.000 puestos de trabajo. El 44% del software que se utiliza en España es pirata'.
José María Anguiano, secretario de la Asociación Española de Derecho de la Propiedad Intelectual (Aedpi) y socio de Garrigues comparte esta opinión, al tiempo que considera que 'hay que impulsar el canon compensatorio por copia privada en todos los soportes, incluido el ADSL y no sólo en CD y DVD porque estos soportes ya están dejando de usarse'.
Antonio Guisasola, presidente de Productores de Música de España (Promusicae) es, como todos, favorable al plan, pero reclama 'medidas más operativas' como que 'Justicia dé instrucciones a la fiscalía para que se persone' en casos de piratería.
Para la Asociación de Empresas de Tecnología de la Información y Comunicación (Aetic) el Plan 'sienta las bases para definir' la lucha contra la piratería. Pero, sin duda, las reacciones más optimistas son de la SGAE: el plan 'coloca por primera vez a España a la vanguardia de Europa'.
Las cinco medidas
Preventivas. Tratarán de estudiar dos temas. Por un lado, por qué los ciudadanos consienten o consumen productos ilícitos y por otro, la relación que puedan tener unas mafias de piratería con otras.De sensibilización. El Gobierno tratará de convencer a la población, sobre a todo los jóvenes, de lo que significa el respeto a la propiedad intelectual.Normativas. La premisa es que no es necesario hacer más leyes y lo que hay sirve. Pero se estudiará la existencia de lagunas para impedir que policía y jueces carezcan de medios en su trabajo.Formativas. Irán dirigidas a todo el personal involucrado en la lucha contra la piratería: jueces, fiscales, guardia civil y policía estatal, autonómica y local.De cooperación y de colaboración. Una comisión con representantes de todas las administraciones y de los sectores afectados marcará las líneas directrices del plan y su control. Se creará por Real Decreto, en un plazo máximo de tres meses.