El inicio de la liquidación de Izar impide a los astilleros lograr nuevos contratos
El consejo de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y la junta extraordinaria de Izar acordaron ayer la disolución de la empresa, que no podrá conseguir nuevos contratos mientras esté en liquidación.
La medida adoptada ayer supone el inicio del periodo de liquidación de los astilleros de Izar, empresa que desde ahora se denominará Izar Construcciones Navales en Liquidación. La SEPI ha autorizado el cese, por imperativo legal, de todos los miembros del consejo de Izar y el nombramiento de las personas que integrarán el órgano del liquidación, cinco en representación de la SEPI y dos por los sindicatos.
El Consejo o Comité de Liquidación, que a partir de ahora representará a Izar, será el encargado de efectuar la liquidación ordenada de los astilleros públicos, cumpliendo todas las obligaciones pendientes por la compañía.
Entre su funciones se encuentran la venta de los activos de Izar, conforme a criterios de publicidad y concurrencia, y la liquidación de pasivos laborales y otras contingencias que pudieran surgir. Según el acuerdo firmado el pasado día 16 de diciembre entre la SEPI y los sindicatos, la operación de venta de los cuatro centros integrados en Izar -Manises, Sevilla, Gijón y Sestao-, dedicados a la construcción naval civil, deberá hacerse en bloque.
Otras funciones del Comité de Liquidación son continuar con las operaciones comerciales pendientes de Izar y las nuevas que sean necesarias para la liquidación, pagar a los acreedores y a los socios y enajenar los bienes sociales. El centro de Sestao, que recientemente ha contratado la construcción de un barco gasero para Repsol YPF y Gas Natural, y el de Manises tienen trabajo garantizado para varios años.
Los astilleros con menor carga de trabajo, Sevilla y Gijón, pueden continuar su actividad hasta finales de año y hasta marzo de 2006, respectivamente. Sevilla, que acaba de concluir un ferry para Argelia, firmó el jueves un contrato para construir una esclusa para el río Guadalquivir, mientras que Gijón tiene prevista la entrega de un buque hospital para finales de marzo de 2006.
Izar no podrá contratar nueva carga de trabajo, ya que la legislación española prohíbe a una empresa inmersa en un proceso de liquidación cerrar nuevos contratos.
El 18 de marzo, el Consejo de Izar formuló las cuentas de 2004, con un saldo de fondos propios negativos de 2.242 millones de euros, frente a un capital social de poco más de 537 millones.
En diciembre de 2004 se pactó un Expediente de Regulación de Empleo (ERE), aprobado el 16 de marzo por Trabajo, que ha afectado a 3.983 trabajadores de una plantilla de 10.661, el 37%.
Antes de la disolución de Izar, la SEPI acordó la segregación de los activos militares de Izar para constituir una nueva sociedad, denominada Navantia.
Historia: Un nuevo episodio en una crisis permanente
La disolución de Izar es el último episodio en un sector en constante reestructuración durante los últimos 20 años y tiene como causa inmediata la obligación de devolver las ayudas públicas recibidas en 1999 y 2000, consideradas ilegales por la Comisión Europea (CE). .Desde 1984 los astilleros públicos españoles militares y civiles han recortado sus plantillas desde los más de 39.000 trabajadores al comienzo de la reconversión a los 6.600, aproximadamente, que quedarán tras el actual reajuste laboral.El nacimiento de Izar se remonta a julio de 2000, cuando la SEPI, propietaria de los astilleros públicos, acordó la fusión de los las sociedades de construcción civil (AESA) y militar (Bazán) en una nueva compañía.Izar nunca entró en beneficios y se encontró con grandes dificultades para conseguir nueva carga de trabajo.La intención era crear una gran industria naval europea, idea que tampoco prosperó.El expediente abierto en mayo por la CE reclamando a Izar la devolución de 308 millones de euros de ayudas ilegales supuso el principio del fin del proyecto iniciado en 2000. A este primer expediente se sumaron nuevas reclamaciones que elevaron la cifra de las ayudas a devolver hasta 1.250 millones de euros, una suma cuyo reconocimiento contable obligó a Izar a entrar en disolución