El fiscal pide 11 años de prisión para Camacho por el caso Gescartera
El fiscal del caso Gescartera ha solicitado hoy para el que fuera propietario de la agencia de valores, Antonio Camacho, 11 años de prisión por los delitos de apropiación indebida y delito continuado de falsedad, más una multa de 263.238 millones de euros.
En su escrito de acusación, el fiscal solicita para Camacho la pena de 8 años de prisión y multa de 2 años, por importe de 175.492 euros, por el delito de apropiación indebida, mientras que por lo que considera delito continuado de falsedad, el fiscal pide para Camacho la pena de prisión de 3 años y multa de 12 meses, por importe de 87.746 euros.
Asimismo, el fiscal solicita penas de prisión para otras 13 personas presuntamente implicadas en el caso Gescartera, entre las que se encuentran José María Ruiz de la Serna y Aníbal Sardón, para los que pide 11 años de cárcel, y Pilar Giménez Reyna, Francisco Javier Sierra de la Flor, y Miguel Angel Vicente González, para los que reclama 8 años de prisión.
Responsables civiles
Además de solicitar la apertura de juicio oral contra estos 14 acusados, el fiscal ha pedido lo mismo, en concepto de responsables civiles directos, para las sociedades Gescartera Dinero AV y Gescartera Gestión SGIIC, Gescartera Dinero SGC, Bolsa Consulting Madrid, Bolsa Consulting, Breston, Promociones Andolini, Gescartera Pensiones EGFP, BC Fisconsulting y Asesoría y Gestión de Patrimonios.
El ministerio público pide que se condene a estas sociedades como responsables civiles, así como a doce de los acusados -excluye a los dos empleados de La Caixa-, para que éstos devuelvan solidariamente a cada uno de los clientes de Gescartera el dinero que tenían antes de que la agencia fuera intervenida. Por si estas personas no fueran solventes para hacer frente al pago de esas indemnizaciones, el fiscal pide al juez que designe a Caja Madrid Bolsa responsable civil subsidiario.
Además, según el ministerio público, debería condenar como responsables civiles por importe de 26,37 millones de euros a los ex directivos de la oficina de La Caixa en Majadahonda (Madrid) Miguel Prats y José Alfonso Castro, respectivamente, y a la propia entidad como responsable subsidiario.
Coordinación en el engaño
El fiscal pide las mayores condenas para Antonio Camacho y José María Ruiz de la Serna porque eran las personas que "actuaban coordinadamente engañando" a los clientes de Gescartera sobre el destino de sus ahorros. Según las investigaciones del fiscal, Camacho dispuso en interés propio de cerca de 7 millones de euros (1.158 millones de pesetas), a los que hay que añadir otros 5 millones de euros (832 millones de pesetas), que se sacaron de las cuentas de Gescartera en beneficio de las personas del entorno de Camacho.
Por su parte, José María Ruiz de la Serna supo cómo ocultar a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que el dinero de los clientes no se encontraba invertido en activos financieros. Según el fiscal, Ruiz de la Serna cobró de forma indebida 2,7 millones de euros (460,5 millones de pesetas) de las cuentas de Gescartera desde el año 1998, por lo que solicita para él 11 años de prisión, de los que 8 años son por apropiación indebida y otros 3 años por estafa.
La misma pena ha sido solicitada para el principal comercial de Gescartera, Aníbal Sardón, quien se lucró de fondos de los clientes por importe de cerca de 500 millones de pesetas (aproximadamente 3 millones de euros), y para quien el fiscal solicita además otros cinco meses de prisión o multa de 72.120 euros.
Para Pilar Giménez Reyna, Francisco Javier Sierra de la Flor, y Miguel Angel Vicente, en su momento presidenta, apoderado, e informático de Gescartera, respectivamente, el fiscal ha solicitado 8 años de prisión, por el delito de apropiación indebida.
También han sido acusados de apropiación indebida Agustín Fernández Ameneiro, Laura García Morey, Angeles Leis, Julio Rodríguez Gil e Inmaculada Baltar, para los que solicita 6 años de cárcel. Por último, para Carlos Ortín Barrón, José Alfonso Castro Mayoral, y Carlos Prats solicita 3 años de prisión por considerarlos cómplices de apropiación indebida.