El buen comportamiento de la recaudación condiciona el calendario de Solbes
Hay varias razones que explican el sosiego que el vicepresidente segundo, Pedro Solbes, ha querido dar a la reforma fiscal, si bien la oposición apenas entró ayer en su análisis. En lugar destacado se sitúa, según fuentes socialistas, la magnífica marcha de la recaudación tributaria. Desde un punto de vista muy pragmático, el que finalmente se ha impuesto en el Gobierno, cualquier retoque precipitado en el Impuesto sobre la Renta, particularmente en los tipos bajos, hubiera podido desbaratar el capítulo de ingresos. Después de darle muchas vueltas, Economía ha pensado que es mejor esperar a 2007.
En segundo lugar, ha pesado en la decisión de Solbes la frágil situación parlamentaria que arrastra el Gobierno. La presentación ahora de la reforma en todas sus derivadas y su posterior debate en el Congreso hubiera generado complicaciones con Esquerra Republicana y, sobre todo, con Izquierda Unida, grupos sobre los que se asienta la estabilidad gubernamental. Además, su apoyo a los Presupuestos de 2006 parece garantizado.
Por último, el Gobierno ha decidido no forzar la entrada en vigor de la reforma tributaria al percibir que no hay en la sociedad ni una exigencia ni una urgencia claras a favor de una reducción impositiva, aunque ésta sí fue una de las promesas que centró la última campaña electoral del Partido Popular. En todo caso, en el PSOE se concluye que por remitir la entrada en vigor de la reforma a enero de 2007, el Gobierno no pagará coste político alguno, máxime teniendo en cuenta que sus efectos se dejarán notar en 2008, un año netamente electoral.
El portavoz adjunto del Grupo Popular en el Congreso, Vicente Martínez Pujalte, acusó ayer al Gobierno de 'mentir a los ciudadanos' y de buscar una subida encubierta de la presión fiscal congelando la reforma tributaria 'durante toda la legislatura'.
El coordinador general de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, interpretó la fecha de entrada en vigor de la reforma como un 'desprecio a la agenda social' pactada con el Ejecutivo.
A juicio del portavoz de CiU en el Congreso, Josep Antoni Durán i LLeida, 'el aplazamiento de la reforma fiscal es un claro incumplimiento electoral del presidente del Gobierno'.