La Sociedad Pública de Alquiler cobrará a los inquilinos por encontrarles casa
El Gobierno ultima los detalles de la Sociedad Pública de Alquiler, un proyecto que tiene previsto estudiar mañana el Consejo de Ministros. El Ejecutivo contempla que la entidad cobre una tasa o canon a los inquilinos a quienes facilite casa, dinero que, junto con las mensualidades que recaudará, servirá para costear su funcionamiento.
A falta de que se introduzcan los últimos cambios, el Ejecutivo tiene ya listo uno de sus proyectos estrella para este año: la creación de la nueva Sociedad Pública de Alquiler, según han confirmado fuentes oficiales a este periódico.
El objetivo primordial de esta iniciativa es incrementar la oferta de viviendas para arrendar, 'sobre todo teniendo en cuenta que en la actualidad España dispone de unos tres millones de casas vacías, según el último censo del Instituto Nacional de Estadística', explican las mismas fuentes.
Así, más que tratar de competir con las agencias privadas que ya se dedican en el mercado a actuar de intermediarios entre propietarios e inquilinos fijando precios más bajos o competitivos, 'buscamos movilizar un mercado y que otros particulares, pero sobre todo las empresas, emulen el modelo de la Sociedad Pública de Alquiler', añaden fuentes cercanas al proyecto.
La nueva empresa pública comenzará a funcionar después del verano
¿Cómo funcionará la nueva entidad?
Si, tal y como está inicialmente previsto, el Consejo de Ministros aprueba mañana la constitución de la nueva sociedad, ésta podría comenzar a funcionar después del verano.
A partir de su aprobación, el Ejecutivo tiene previsto abrir un amplio plazo para que los propietarios de viviendas vacías interesados en ponerlas en alquiler se pongan en contacto con la sociedad pública para la firma de los contratos preceptivos. También los demandantes deberán contactar con la nueva empresa pública.
El equipo que ha elaborado el proyecto estuvo barajando la posibilidad de cobrar a los arrendadores un canon por las gestiones que deberá realizar la agencia en la búsqueda de un inquilino para cada vivienda, tal y como hacen en la actualidad algunas entidades privadas y la sociedad pública Visesa, que opera en el País Vasco. Sin embargo, esta posibilidad ha sido descartada por el momento.
En cuanto al precio que alcanzarán los alquileres, las fuentes consultadas aseguran que no serán muy inferiores a los del mercado libre e incluso en algunos casos serán idénticos, 'ya que nuestro objetivo no es competir en precios con el resto de la oferta, sino incrementar ésta y como consecuencia de ello facilitar el acceso a un piso a más personas, contribuyendo de esa manera a moderar los fuertes encarecimientos', añaden las mismas fuentes.
En este sentido, podrán darse casos en los que si el alquiler de mercado en una zona determinada asciende a 600 euros mensuales, el propietario perciba 450 y el inquilino pague 500. Ese pequeño remanente servirá para financiar las gestiones que deberá realizar la sociedad pública.
¿Qué ventajas obtienen propietarios e inquilinos?
Los primeros fundamentalmente seguridad, ya que la agencia les garantizará la renta, aunque también se ha descartado finalmente que puedan percibir el importe de la misma por adelantado en un solo pago (aunque el contrato fuera de cinco años, por ejemplo).
De este modo, los responsables del proyecto consideran que en los casos en los que el pago que se realice al arrendador sea ligeramente inferior al precio de mercado, 'les compensará alquilar la casa porque tienen la seguridad de que van a cobrar'.
Además, la mayor parte de los recursos que obtenga la sociedad pública irán destinados a suscribir seguros multirriesgo para cubrir los posibles daños que se ocasionen en las casas, otro de los temores más comunes de los propietarios de casas vacías.
La tercera fuente de financiación de la futura entidad, al margen de la tasa inicial y las rentas mensuales, será el presupuesto, que para este ejercicio ya ha previsto una dotación de seis millones de euros.
No obstante, el proyecto contempla que la agencia se 'autofinancie' y no genere fuertes pérdidas. 'Para los inquilinos, la principal ventaja será el incremento de la oferta, que en algunos mercados es claramente insuficiente respecto a la demanda latente que existe', aseguran.
El objetivo que se ha marcado el Gobierno es movilizar con este sistema un mínimo de 25.000 viviendas en alquiler durante los próximos cuatro años, aunque fuentes oficiales no descartan ir modificando las cifras, según sea la respuesta de propietarios e inquilinos.
Los responsables de diseñar este proyecto insisten en que otra de las labores fundamentales de la agencia será la de coordinarse con todas las sociedades similares que han ido surgiendo en los últimos años en distintas comunidades autónomas y ayuntamientos.
Falta ahora por conocer cuáles serán los requisitos que deberán cumplir tanto los propietarios o arrendadores, como los futuros inquilinos para poder beneficiarse de las gestiones de la sociedad pública y si se articularán mecanismos de control para evitar fraudes.
Otras experiencias: Opción de compra o contrato de usufructo
Madrid apuesta por crear más oferta de casas nuevasTanto la comunidad como el ayuntamiento de la capital dedican parte de sus políticas de vivienda a fomentar el alquiler. El Gobierno regional prevé crear un parque de casas nuevas para arrendar durante 10 años con opción a compra, de las que la mitad de la cuota que se paga se descontará si se opta por adquirir el piso. La bolsa de alquiler autonómica y la agencia municipal actúan como intermediarios y garantizan cualquier desperfecto en los inmuebles.El País Vasco paga su entidad con el presupuestoEl programa de vivienda vacía del Gobierno vasco está siendo copiado por numerosas administraciones. En él la sociedad pública Visesa, participada al 50% por el Ejecutivo y las cajas de ahorro locales, firma un contrato de usufructo con el dueño del piso por cinco años. Visesa le cobra un canon por sus servicios y le paga el alquiler a precio de mercado con un máximo de 660 euros y después cobra de media 290 al inquilino. La diferencia la cubre el presupuesto.Galicia concede subvenciones parcialesLa Consejería de Política Territorial gallega ha puesto en marcha también una iniciativa encaminada a fomentar el arrendamiento de viviendas. Con un presupuesto de 1,7 millones de euros se estima poner en el mercado 3.700 casas en tres años. La Xunta lo que hace es subvencionar hasta el 60% de la renta mensual a las familias que tengan menores ingresos. A los propietarios les garantiza el cobro de los alquileres con aval bancario y seguros contra los destrozos.