La ministra de Educación presenta a las comunidades autónomas la nueva ley educativa
La ministra de Educación y Ciencia, María Jesús San Segundo, presenta hoy a las comunidades autónomas su propuesta para reformar la Ley Orgánica de Calidad de la Educación (LOCE) en el seno de la Conferencia Sectorial de Educación. Con la nueva ley, la asignatura de Religión será evaluable, pero no computable. Además, los alumnos de la ESO con cuatro asignaturas suspendidas deberán repetir obligatoriamente.
El anteproyecto parte del documento 'Una Educación de Calidad para todos y entre todos' lanzado por el Gobierno el pasado 27 de septiembre para incentivar al debate de autonomías y asociaciones educativas. Aunque en dicho texto se preveía la presentación de las conclusiones del diálogo y la elaboración del proyecto entre enero y febrero de 2005, el Ministerio decidió ampliar el período de
reflexión y aportación de propuestas.
La gratuidad del segundo ciclo de Infantil, en cuyo currículum se incorporará la aproximación a la lectura y escritura, una lengua extranjera y el uso de ordenador; medidas preventivas para alumnos con dificultades especiales de aprendizaje en Primaria, ciclo en el que sólo habrá una repetición y que al final contará con un informe individual de cada alumno son algunos de sus planteamientos.
Para Secundaria, el MEC planteó en su texto inicial un paso gradual a este ciclo, en el que se reforzaría la tutoría y la evaluación sería continua. Sus líneas básicas también se orientaban a estudiar las ventajas e inconvenientes de los distintos modelos de recuperación extraordinaria de las materias y medidas de atención a la diversidad, entre otras, mientras la en Bachillerato se incluiría una materia común de formación científica.
Otras cuestiones que planteó el Gobierno para el análisis de la comunidad educativa fueron el acceso a la Universidad mediante una única prueba homologada, la formación en valores de forma transversal y mediante un área de Educación para la Ciudadanía, la oferta obligatoria de Religión para elección voluntaria del alumnado, un Estatuto de la Función Pública Docente y la escolarización equitativa del alumnado con dificultades o inmigrante.