Pena de cárcel para el ex alcalde de Marbella por delito urbanístico
El ex alcalde de Marbella (Málaga) Julián Muñoz ha sido condenado por el Juzgado de lo Penal número 5 de Málaga a seis meses de cárcel y ocho de inhabilitación para empleo y cargo público por un delito urbanístico en el caso de las licencias de obras del complejo Banana Beach.
En la sentencia, que consta de 86 páginas, se decreta la nulidad 'de pleno derecho' de la licencia de obra otorgada a la entidad Turismo y Recreo Andaluz, SA (Turasa). El juez condena al ex alcalde y a otros seis ex concejales del GIL por un delito consumado contra la ordenación del territorio en su modalidad de prevaricación funcionarial urbanística, mientras que absuelve a Jesús Gil y Gil por 'haberse extinguido su responsabilidad criminal por fallecimiento', a tenor del artículo 130-1 del Código Penal.
Además de Muñoz, que en el momento de los hechos actuaba como alcalde accidental, los seis ex ediles condenados son Rafael González Carrasco, Mario Jiménez Notario, Manuel Calle Arcal, Juan Antonio Yagüe Reyes (hermano de la actual alcaldesa, Marisol Yagüe), María Luisa Alcalá Duarte y Dolores Zurdo Padilla.
'Crimen urbanístico'
En los fundamentos jurídicos de la sentencia se destaca que el otorgamiento de la mencionada licencia se hizo de modo 'flagrante y patentemente arbitrario, con un olvido completo de la función pública urbanística'.
El juez califica los hechos como 'crimen urbanístico' y explica que 'no todo ilícito administrativo urbanístico es penal, ya que el Derecho Penal sólo cubre lo más grave y éste lo es suficientemente'.
En este sentido, destaca que el Derecho Penal sanciona las actuaciones urbanísticas 'más peligrosas, ya que su finalidad es atender a la defensa social'.
El juez apunta que 'es evidente que la licencia fue otorgada en contra de la norma' y que 'el incumplimiento de la normativa urbanística en este caso es indiscutible'. Destaca que 'los acusados no eran ignorantes de la polémica que existía en torno al plan general a aplicar en el municipio', por lo que queda acreditado 'la persistente actitud prevaricadora de los procesados'.