El Gobierno adelanta la financiación local para ligarla a la autonómica
Las reforma de la financiación local se adelantará en el tiempo e irá acompasada a la autonómica, discurriendo ambas paralelas a los cambios estatutarios que llegarán al Congreso a partir del próximo otoño.
El vicepresidente económico, Pedro Solbes y el ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, pretenden dejar encauzada este año la reforma de la financiación de los ayuntamientos después de acordar con la Federación Española de Municipios la compensación derivada de la supresión del Impuesto de Actividades Económicas. Por este concepto las corporaciones locales recibirán entre 120 y 180 millones de euros, cifra que se sumará a los 600 millones ya liquidados. Con todo, fuentes gubernamentales apuntan que el acuerdo de fondo más importante es la constitución de un grupo de trabajo que comenzará a reunirse en abril y que se encargará de sentar las bases para el nuevo modelo de financiación mediante el estudio de los servicios que, pese a ser competencia de las comunidades autónomas, son financiados por los ayuntamientos, buena parte de ellos relacionados con la inmigración y la educación.
Este grupo de trabajo, en el que están representados el Gobierno central, las comunidades autónomas y los ayuntamientos, evaluará la deuda contraída por este concepto con estos últimos. Esta realidad hace que el vicepresidente Solbes y el ministro Sevilla quieran negociar en paralelo los grandes perfiles del nuevo modelo de financiación autonómica con el grueso de la financiación local, con el fin de alcanzar un marco coherente.
Para calmar las inquietudes de los pequeños ayuntamientos, los que menos se beneficiarán por las compensaciones del IAE, el Gobierno ha aceptado crear un fondo de nivelación que tendrá carácter provisional hasta que se pacte la reforma. El diseño de la nueva financiación local se adelantará, pues, y coincidirá con el de la financiación autonómica y, en buena medida, con las reformas estatutarias que comenzarán a llegar al Congreso el próximo otoño. Este es, al menos, el escenario que ha trazado el Gobierno, consciente de que todo dependerá de un acuerdo político y económico en el que tendrán que participar no sólo el PP, como principal partido de la oposición, sino también la práctica totalidad de las comunidades autónomas. El hecho de que la negociación vaya a discurrir paralela no quiere decir que los Estatutos incorporen aspectos relativos a la financiación, aunque el parecer del Gobierno al respecto choca con las aspiraciones expuestas por buena parte de los ayuntamientos y de algunas comunidades, principalmente la catalana.
La nueva Ley de Bases de Régimen Local entrará en el Congreso antes de fin de año.
Descentralización escasa
Un informe encargado por Administraciones Públicas sobre el gobierno local advierte que la descentralización del gasto público en España es insuficiente para los ayuntamientos, pues entre 1978 y 2003 su participación permaneció invariable en torno al 12%, porcentaje que incluye los gastos de la Seguridad Social. En el ámbito europeo, esta cifra es superada ampliamente por países como Dinamarca (57%), Suecia (38%) o Finlandia (40%), mientras que en otros países como Francia o Alemania se queda en el 18% y el 15%, respectivamente.
El estudio encargado por Administraciones Públicas se decanta por no aumentar las competencias de las diputaciones y acentúa la escasa actividad presupuestaria demostrada por una tercera parte de las mancomunidades, creadas desde las instancias locales para afrontar inversiones superiores a las que pueden asumir los ayuntamientos por separado. De las 1003 mancomunidades existentes, recuerda el informe, 350 no han presentado sus presupuestos en el último trienio. A juicio de los expertos, la organización y el funcionamiento de estas mancomunidades debería 'flexibilizarse'.
Estos criterios serán tenidos en cuenta en la nueva Ley de Bases de Régimen Local que el Gobierno enviará al Congreso antes de fin de año.
El crecimiento de la deuda, principal riesgo de la segunda descentralización
Los expertos que han elaborado el informe sobre la descentralización del gasto público advierten del riesgo de que las haciendas locales fuercen al máximo sus niveles de endeudamiento 'sin tener que pagar los costes políticos de su actuación, al considerar que ese riesgo acabará siendo cubierto por la hacienda central'. Este es uno de los peligros que aconsejan tener en cuenta a la hora de descentralizar el gasto en favor de la administración local.Otro de los peligros que atisban los expertos es el de la supeditación a los ciclos electorales, pues las decisiones políticas pueden llegar a adoptarse para obtener réditos políticos a corto plazo, con vistas a nuevas elecciones, 'más que en función de las verdaderas necesidades ciudadanas'.El informe apunta también los inconvenientes que tendrán que afrontar los ayuntamientos españoles de menos de 5.000 habitantes.
El pacto municipal afectará a casi una veintena de competencias estatales
La llamada segunda descentralización afectará a casi una veintena de competencias que ahora están en manos del Estado y de las comunidades autónomas y pasarán, en parte, a los ayuntamientos. El informe de los expertos enumera, entre otras, algunas de las competencias sobre vivienda, urbanismo, tráfico, seguridad, transporte, consumo, deportes, educación, empleo, juventud, medio ambiente, mujer, protección civil, sanidad, servicios sociales y turismo.Los expertos mantienen que 'el camino de la descentralización local de competencias no debe ser una obligación legal, sino una posibilidad abierta a aquellos municipios que la reclamen'. Con este criterio, apuestan por la cooperación intermunicipal, la imitación de las 'buenas prácticas' de otros gobiernos locales y la ayuda de las comunidades y diputaciones a los ayuntamientos más pequeños.