Los derechos de voto todavía se restringen en Europa
Sólo dos tercios de las grandes compañías europeas operan de una manera democrática y respetan el principio de que una acción equivale a un voto. Pero, según los resultados de un informe europeo, aún son muchas las sociedades que utilizan mecanismos para limitar los derechos de voto.
En el caso de que el parámetro para medir la calidad del gobierno corporativo de las empresas europeas fuera únicamente el principio de que una acción equivale a un voto, una gran parte de las grandes compañías europeas no pasaría el listón del aprobado en buen gobierno. Es una de las principales conclusiones de un estudio elaborado por la consultora Deminor para la asociación británica de empresas aseguradoras (ABI).
El informe, que analiza a las empresas incluidas en el índice FTSE Eurofirst 300 el 1 de julio de 2004 (en el que se encuentran 17 grandes empresas españolas), concluye que el 35% de las sociedades cotizadas europeas restringen el principio de que una acción equivale a un voto.
La democracia accionarial definida en este sentido es muy pobre en algunos países como Holanda, donde sólo una minoría de las empresas cotizadas (el 14%) respeta el principio, en Suecia (25%) y en Francia (31%). El lugar de honor lo ocupan las empresas belgas (100%), alemanas (97%) y Reino Unido (88%). España se encuentra a medio camino de ambas situaciones ya que, de acuerdo con los datos del informe de Deminor, el 59% de las cotizadas sí reconoce el derecho de que una acción equivale a un voto. En la misma situación se encuentran otros países como Suiza (59%) e Italia (68%).
El estudio concluye que el catálogo de restricciones del derecho al voto es amplio. La excepción que se utiliza con más frecuencia es la de los derechos de voto múltiple, que se utiliza por el 20% de las sociedades analizadas por Deminor en su análisis y que es especialmente popular en Francia, Suecia y Holanda. El informe dedica un capítulo a la situación de las empresas españolas respecto a las restricciones del derecho al voto.
El resultado más significativo es que el 41% de las compañías analizadas se aparta del principio una acción un voto. También destaca el hecho de que la limitación del número máximo de votos a emitir por un único accionista es la práctica más extendida entre las sociedades españolas. Por lo general, esta limitación suele establecerse en el 10%.
El informe recuerda que Endesa, Repsol y Telefónica (que representan el 18% de las sociedades españolas analizadas) fueron privatizadas en 1995, 'lo que garantiza que el Estado español mantenga determinados poderes comparables a los de la acción de oro'.
Otra de las características del mercado español que también recoge el informe es el hecho de que en los últimos años las grandes empresas españolas han eliminado las limitaciones de los derechos de voto. El estudio cita expresamente al BBVA, al SCH y a Unión Fenosa como ejemplo del abandono de esta práctica.
España De las 17 compañías examinadas, 7 limitan los derechos
La limitación en el 10% del derecho al voto o el de establecer requisitos especiales para ser nombrado consejero o presidente del consejo de administración son las dos medidas de control utilizadas con más frecuencia en las empresas españolas.De acuerdo con los datos del informe de Deminor de las 17 compañías analizadas, siete limitan el derecho al voto. Y, de acuerdo con un informe publicado por la CNMV, las empresas con elevados niveles de concentración de la propiedad son las que utilizan en menor medida límites en los derechos de voto.El informe, elaborado por Domingo Javier Santana e Inmaculada Aguiar destaca también que estas medidas defensivas se producen en mayor medida en los países en los que los intereses de los inversores externos están menos protegidos.A pesar de que el Informe Aldama abogó por reducir las limitaciones de derechos y recomendó valorar la exigencia de mayorías reforzadas o hasta prohibir algunas medidas de blindaje, las iniciativas legislativas en materia de gobierno corporativo no han recogido estas sugerencias.