La Generalitat iniciará el despliegue de fibra óptica pública este año
El Gobierno catalán se ha puesto manos a la obra para desplegar una red de banda ancha. El proyecto supone una inversión de 233 millones y cuenta con la participación del consorcio municipal Localret.
Como la banda ancha no ha llegado a todo el territorio catalán será la Generalitat quien la lleve. La red, que no dará servicio al cliente final, pretende 'suplir la falta de inversión por parte de los operadores en las zonas de Cataluña en que una infraestructura así es deficitaria', explicó Jordi Bosch, director del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información de la Generalitat, durante una presentación para dar a conocer el estado del proyecto. La red pública estará abierta a cualquier operador que podrá 'aportar infraestructura infrautilizada, que hay mucha en Cataluña, o utilizarla para encargarse de dar servicio al cliente final', explicó.
La Generalitat dará entrada en la empresa gestora a Localret, que agrupa a la gran mayoría de municipios catalanes. Bosch explicó que todavía 'se está estudiando la fórmula jurídica apropiada' y no precisó si conllevaría una aportación de capital municipal.
Aunque empiece a ponerse en práctica ahora, la idea de una fibra óptica pública empezó a escucharse hace seis años. El consorcio Localret reclamaba desde entonces su creación como alternativa a la de Telefónica. Desde 2002 la tesis de Localret era que la liberalización de las telecomunicaciones adoptada por el anterior gobierno catalán había sido un fracaso. En esa visión coincidía con los socialistas catalanes, entonces en la oposición.
Así, va a ser el actual gobierno tripartito quien finalmente ponga en marcha la iniciativa, aunque en realidad el anterior ejecutivo de CiU rectificó in extremis su política de liberalización dando luz verde a la creación de la red, que ahora se va construir, en octubre de 2003, justo un mes antes de ser relevado.
En la práctica el proyecto supone crear una infraestructura similar a la que la Generalitat privatizó en 1999, cuando adjudicó la red de fibra óptica que poseía a Al-Pi (Uni2) por 80 millones.
Dos concursos
El gobierno autonómico ha reafirmado la inversión prevista, de 233 millones, y ha anunciado dos concursos que suponen dar el pistoletazo de salida al proyecto.
El primero permitirá la contratación de una consultora que ayude a definir la estrategia del despliegue, mientras que el segundo servirá para elegir la empresa de ingeniería que participe en el diseño físico de la red y su planificación. Esta ingeniería se encargará también de cuantificar y valorar en qué estado se encuentran las infraestructuras que el gobierno catalán posee a través de Ferrocarriles de la Generalitat, del Departamento de Obras Públicas y del Servicio Catalán de Tráfico.
Los dos concursos se resolverán 'con rapidez' para que la información esté disponible antes de verano y el despliegue de la red pueda iniciarse antes de fin de año.
La Generalitat ya tiene la licencia necesaria, después de que el mes pasado la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones enviara una resolución favorable a la solicitud realizada en diciembre.
Servicios de informática, voz y datos
El Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información de la Generalitat tiene otras dos cuestiones por resolver aparte del despliegue de la red de fibra pública. Por un lado, adjudicará el servicio de voz y datos de la Generalitat antes de enero del año que viene. Hasta ahora, está en manos de varias operadoras (Al-pi, Telefónica, British Telecom, Auna y Colt).El otro proceso abierto es el que se sigue para adjudicar los servicios centrales de informática del Gobierno autonómico, que presta T-Systems después de que resultara ganadora de la privatización en 1998, y que supone 136 millones anuales. La Generalitat hará público el resultado del concurso antes de junio, pero Jordi Bosch, director del Centro de Telecomunicaciones, ya ha advertido que habrá 'multiproveedores', que saldrán elegidos entre las 117 empresas que han sido homologadas.El conseller de Universidades, Investigación y Sociedad de la Información, Carles Solà, como responsable de la política en telecomunicaciones apuesta por no tener un proveedor único, en contra de lo que sucedía hasta ahora.