Azkoyen deberá indemnizar al empleado que pagó a ETA
La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Navarra ha confirmado la improcedencia del despido de uno de sus directivos por entregar a ETA 37 millones de pesetas. La sentencia, contra la que cabe recurso de casación, confirma 'íntegramente' el fallo del Juzgado de lo Social número dos de Navarra, que, además de declarar el despido improcedente de Marco Calahorra, pedía su readmisión o el abono en concepto de indemnización de 429.121 euros, así como de los salarios dejados de percibir.
Según relata la sentencia, la citada empresa comenzó a recibir desde 1994 cartas de la organización terrorista ETA, en las que exigía el denominado 'impuesto revolucionario', tras lo que, en 1995, Marcos Calahorra recibió una instrucción 'directa' por parte de Pablo Lamberto, director financiero de la empresa y también del director general para que efectuara los pagos y efectuara las anotaciones contables correspondientes.
La actuación del demandante, además, 'fue autorizada' por el consejo de administración de la empresa. Todos los miembros del consejo conocían la extorsión y la decisión de hacer los pagos.