Kirchner intenta arreglar el problema de las tarifas al estilo del canje de deuda
El Gobierno de Argentina pretende solucionar el conflicto con las empresas de servicios públicos privatizados del mismo modo en que ha acordado con los acreedores la reestructuración de su deuda impagada: con una propuesta unilateral del estilo tómalo o déjalo.
Después de una negociación de más tres años para descongelar las tarifas, casi tan larga como la de la suspensión de pagos, el Gobierno de Néstor Kirchner convocó el lunes pasado a audiencias públicas de 12 contratos de distribución y transporte de gas y electricidad (entre ellas las filiales de Endesa, Gas Natural y Repsol YPF), en la que expondrán sus opiniones los funcionarios, las empresas y los usuarios como paso previo a un decreto que zanje las diferencias. No ha esperado a que terminara la mediación del Gobierno español, que ha tomado distancia de las partes en disputa.
Apenas terminó el canje de la deuda impagada, el pasado 25 de febrero, el Gobierno de Kirchner asumió que su nueva meta radicaba en la negociación de los contratos de servicios públicos, la mayoría en manos de empresas europeas, aunque algunos en poder de empresas locales, de Brasil o Estados Unidos. Finalizada la reestructuración del 76% de los títulos públicos, la cuestión de las tarifas aparece como el mayor escollo en la discusión del nuevo programa de financiación con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que ha comenzado esta semana en Washington entre su director gerente, Rodrigo Rato, y el ministro de Economía argentino, Roberto Lavagna.
El mismo día de la semana pasada en que Kirchner anunció ante el Congreso de su país el final de la suspensión de pagos, arremetió contra las privatizadas en manos extranjeras y les advirtió que 'no debe inmiscuirse' el Centro Internacional de Arreglos de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), el tribunal del Banco Mundial al que han recurrido las casas matrices para reclamar por la desdolarización y congelación de tarifas de 2002. En el Ciadi se acumulan 30 demandas por más de 38.000 millones de dólares (18.000 millones ya formalizadas y otros 20.000 millones a la espera de tramitación).
El Gobierno de Kirchner, que desea terminar la negociación con los servicios públicos y el FMI antes de las elecciones legislativas de octubre próximo, terminó por convocar a las audiencias públicas entre el próximo día 18 y el 18 de mayo. Hasta ahora, el Gobierno buscaba primero un acuerdo con las empresas y después lo sometía a una audiencia pública, una reunión no vinculante que suele transformarse en una suerte de talk show en el que las partes interesadas discuten frente a las cámaras de televisión. Finalmente, el nuevo contrato entraba en vigencia por decreto. De los 64 contratos interrumpidos en plena devaluación de 2002, 13 casos siguieron este procedimiento, como las dos autopistas de Abertis. Otros 15 se resolvieron mediante nuevas subastas del servicio o nacionalizaciones.
Restan 36 contratos por firmarse, entre ellos los de Telefónica, Edesur (Endesa), Gas Natural BAN, Metrogas (40% de la británica BG y 30% de Repsol YPF), Aguas Argentinas (40% de la francesa Suez y 25% de Aguas de Barcelona, Agbar).
En opinión de las empresas consultadas, Kirchner pretende reproducir la estrategia utilizada con éxito frente a los acreedores: formularles una propuesta unilateral y escueta, que cuente con respaldo popular, y esperar a que por cansancio y resignación termine aceptando una gran mayoría. A los que no acepten sólo les quedará dejar el servicio, tal como instruyó Kirchner al ministro de Planificación, Julio de Vido, encargado de la negociación. Las que se marchen continuarán con sus demandas internacionales contra Argentina.
Reclamaciones
En el Ciadi se acumulan ya 30 demandas por la congelación de tarifas. Ascienden a 38.000 millones de dólares. De ellas ya se ha formalizado por un montante 18.000 millones y están a la espera de tramitación otras por un valor de 20.000 millones.
El Gobierno de Zapatero toma distancia
En enero pasado, en Buenos Aires, Kirchner le expresó al presidente español, José Luis Rodríguez Zapatero, su malestar por las querellas de Telefónica y Endesa ante el Ciadi. También existe una demanda de Gas Natural. Zapatero transmitió esta preocupación a los empresarios españoles que lo acompañaron a la capital argentina. El director de la Oficina Económica de la Presidencia, Miguel Sebastián, les pidió que le enviaran una lista de condiciones 'razonables' para desistir de las demandas para que el propio Gobierno español intercediera entre las partes.Las empresas españolas, que ya elevaron sus propuestas a La Moncloa, estaban esperando la mediación cuando se desayunaron el lunes con la convocatoria de audiencias públicas. En algunas compañías consideran que la decisión aborta la gestión de Zapatero. Sin embargo, dos fuentes del Gobierno español aseguraron que La Moncloa ha decidido dejar el asunto entre las empresas de su país y Argentina. Ellas piden un esquema de aumentos graduales de tarifas este año y los próximos a cambio retirar las demandas.El Gobierno de Kirchner, con quien Zapatero ha sellado una alianza estratégica en enero, pretende que las interrumpan como contrapartida de un incremento del 15% de precios este año y una nueva negociación en 2006.