El Tribunal de Cuentas denuncia la mala gestión del Fondo de Reserva
Lagunas legales, falta de transparencia y deficiente gestión de los recursos. Esta es la fotografía obtenida por el Tribunal de Cuentas en su primera fiscalización del Fondo de Reserva de la Seguridad Social creado en el año 2000 y que al final de este ejercicio acabará con 25.000 millones de euros.
El Tribunal considera que la ausencia de criterios para conocer el procedimiento seguido desde el Ministerio de Trabajo para dotar el Fondo de Reserva, impide analizar 'la pertinencia de las dotaciones' que se realizaron en los ejercicios de 2000 y 2004. La falta de transparencia se detecta también en la existencia de dos fondos, el propio de Reserva y el de Estabilización, con escasa coordinación entre ambos, según revela el informe de fiscalización.
Entre 2000 y 2004, la gestión de los recursos del Fondo fue decidida por un Comité de Gestión cuya creación y funcionamiento 'ha presentado una insuficiente cobertura normativa', según el Tribunal. La existencia de este Comité ha provocado que la Dirección General del Tesoro no haya cumplido el mandato del Gobierno a la hora de determinar los activos financieros en los que materializar los recursos del Fondo.
Sus gestores, denuncia el informe del Tribunal, han mantenido elevados importes no invertidos que se han establecido como saldos en tesorería, en una media superior al 15%, como consecuencia del criterio de mantener una parte de las dotaciones en saldos líquidos (hasta un 3%), que el Tribunal considera 'excesiva', y de la existencia de amortizaciones de títulos y liquidaciones de cupones e intereses sin que el Comité de Gestión del Fondo 'agilizara los trámites para su reinversión'.
Desde este punto de vista, el Tribunal emplaza a los órganos del Fondo a realizar 'una gestión más dinámica de sus recursos, de forma que se evite la pérdida de rentabilidades que generan estos retrasos'. En el informe se detecta que el Comité 'ha optado por una gestión pasiva' de la cartera del Fondo de Reserva.
En la práctica, la inversión de los recursos del Fondo tan sólo se ha realizado en deuda emitida por el Estado. Esta situación supuso que a diciembre de 2003, la concentración de la deuda en su poder fuera de un 3,2%. Dado el volumen de recursos con los que contaría posteriormente el Fondo y la tendencia del crecimiento de la deuda pública, este grado de concentración en el ejercicio de 2004 se calcula superior al 5,1%.
Especialistas y asesores
Con el fin de paliar esta deficiente gestión de los recursos y hacerla más activa, el Tribunal se decanta por la creación de una unidad especializada, tal y como se ha realizado en otros países de la Unión Europea. Se encargaría de aplicar los parámetros de inversión del Comité de gestión pero estando 'permanentemente en el mercado' y adoptando en cada momento 'las decisiones que resulten más beneficiosas para los intereses del Fondo', como la inversión de sus recursos en otro tipo de activos.
El informe aboga también por la posibilidad de que el Fondo incorpore asesores externos especialistas en la dinámica de los mercados 'pertenecientes al sector público o privado', para que aporten alternativas de inversión a unos recursos que al final de este año superarán los 25.000 millones de euros. La última dotación al Fondo data de febrero pasado, mes en el que el Gobierno lo alimentó con otros 3.500 millones de euros. En la actualidad, el Fondo supone casi el 3% del PIB, el equivalente a más de cinco mensualidades de la nómina de las pensiones.
La fiscalización detecta otra laguna legal en el hecho de que ni la ley reguladora del Fondo ni normas posteriores identifican con precisión el órgano administrativo que ostenta la competencia para determinar los activos financieros que deben adquirirse con cargo a los recursos del Fondo.
El informe de fiscalización fue aprobado por el Tribunal el pasado 23 de febrero y ayer fue remitido al Congreso de los Diputados para su debate.
Choque por las deudas con el Estado
Del informe elaborado por el Tribunal de Cuentas se deduce que el debate que mayor enjundia ha suscitado entre sus miembros ha sido el de qué hacer con las deudas contraídas por la Seguridad Social con el Estado. ¿Tiene lógica patrimonial que un organismo que tiene un pasivo tan abultado con el Estado pueda acopiar excedentes y crear un Fondo de Reserva? A esta pregunta el informe responde proponiendo que el Estado condone estos préstamos o bien realice transferencias a la Seguridad Social para proceder a la devolución de estos préstamos, el único camino para que el sistema pueda tener un superávit por un importe igual o superior al Fondo de Reserva.Los sucesivos Gobiernos, según expone el Tribunal, no han tomado medidas 'para reconducir con realismo esta situación y sanear definitivamente la situación patrimonial del Sistema de la Seguridad Social'. Con esta situación, asegura el informe, el Fondo 'no garantiza la sostenibilidad financiera del Sistema de Seguridad Social', teniendo en cuenta que las pensiones costarán 130.000 millones en 2020.