Economía enfatiza el estado crítico de Centro Asegurador
El director general de Seguros expresó el viernes su preocupación ante la crítica situación patrimonial en la que se encuentra Centro Asegurador. La aseguradora, suspendida de su actividad, se enfrenta a un concurso de acreedores bajo la nueva Ley Concursal.
El regulador de seguros se ha puesto manos a la obra para detallar la débil situación patrimonial en la que se encuentra Centro Asegurador y la semana próxima presentará alegaciones al juez del Juzgado Mercantil número 2 de Madrid que admitió a trámite el primer concurso de acreedores, la antigua suspensión de pagos, de una aseguradora desde la entrada en vigor de la nueva Ley Concursal.
Precisamente este fue el motivo -pérdidas generadas, insuficiencia de reservas y déficit en el margen de solvencia, que mide los fondos propios que mantiene la entidad para hacer frente a futuras indemnizaciones- que alegó la dirección general de Seguros (DGS) y su director, Ricardo Lozano, al abrir un expediente de disolución a la entidad, que ha quedado paralizado al aprobarse el concurso de acreedores.
En los últimos años, Centro Asegurador, ha estado bajo la mirada del regulador, anteriormente presidido por la actual presidenta de la patronal del sector, Unespa, Pilar González de Frutos. Según fuentes cercanas, nunca se llegó a abrir un expediente ya que no se llegaron a incumplir los límites legales que determinaran esta actuación.
Lo cierto es que el procedimiento que tenía en marcha la DGS se vio acelerado el pasado 21 de enero cuando Centro Asegurador recibió un auto de ejecución provisional de sentencia que le obligaba a pagar 11 millones de euros como indemnización por una póliza suscrita por una empresa pirotécnica al producirse un siniestro en 1997. La compañía, cuyos fondos propios ascendían a 17,6 millones de euros y mantenía unas primas de 54 millones de euros en 2003 -las últimas cifras disponibles-, alega que no provisionó esta cuantía, ya que ha apelado el auto al considerar que es 'contrario a derecho' al exceder el máximo asegurado de 150.000 euros. El concurso evita el pago de la indemnización, lo que ha levantado las críticas de la Asociación de Usuarios de Banca, Cajas y Seguros (Adicae) que presentará un recurso por considerar que este mecanismo 'no puede servir para evitar pagar una indemnización'.
De momento se mantienen vigentes las prohibiciones de la DGS que impiden comercializar nuevas pólizas así como hacer uso de los bienes. Y siguiendo el procedimiento de la nueva Ley Concursal se han nombrado tres administradores, entre los que se encuentra Concepción Bermúdez como representante del Consorcio de Compensación de Seguros. En el caso de que no prosperarán las alegaciones de la DGS, la aseguradora quedaría en manos de estas tres personas.
También está pendiente la definición de la lista de acreedores, y será la autoridad judicial quien decida si se incluye a los asegurados. Lozano señaló su preocupación por las quejas que se están recibiendo por parte de los 100.000 afectados y apuntó a que la DGS ha habilitado un teléfono (91 700 55 49-20-27) disponible en la página web del regulador (www.dgsfp.mineco.es) para atender las quejas de los asegurados que hayan tenido problemas. Centro Asegurador, por su parte, señala que 'su actuación es la de proteger los intereses de los asegurados y beneficiarios'.
La flor y nata empresarial pasó por la entidad
La historia de Centro Asegurador, que ocupa el puesto 89 entre las 130 del sector ha estado llena altibajos, personajes de gran relevancia social y desafortunados gestores. Una entidad mediana pero sujeta a pérdidas y continuas ampliaciones de capital y cambios de administradores, que llegó a ser uno de los principales accionistas de Inmobiliaria Zabálburu. El primer gran golpe se produjo en 1994, bajo la presidencia de Álvaro Satrústegui, cuando sufrió un revés en sus negocios de derivados que le ocasionaron pérdidas de 6.000 millones de pesetas (36 millones de euros). La crisis estuvo a punto de desembocar en la venta al Banco Rothschild, propiedad del Barón Guy de Rothschild, quien junto a su esposa la Condesa de Romanones, eran accionistas de la aseguradora. En 1997 la entidad consiguió sortear la disolución gracias a una enésima ampliación de capital. Dos años más tarde la alemana Hannover se dio por vencida en su intento de comprar la aseguradora por los conflictos internos entre los accionistas, Satrústegui y su ex mujer Carmen González-Baylín. Enrique Aldama, actual presidente de Fomento de la Transparencia y Seguridad de los Mercados Financieros, asumió la presidencia en 2000 con el objetivo de relanzar la sociedad pero cesó un año después. Por sus puestos de responsabilidad han pasado, entre otros, también Luis Alberto Salazar Simpson, presidente de Auna y consejero de Mutua Madrileña que dimitió en agosto de 2004 y Fernando de Asua, vicepresidente del Santander, que dimitió el pasado 17 de febrero. De momento, las medidas tomadas por la DGS no contemplan la sustitución de los actuales administradores de la compañía, presidida por Carlos González-Baylín, hermano de la propietaria del 90% del capital, Carmen González Baylín.