Las bibliotecas se movilizan contra el canon europeo

Los bibliotecarios están en pie de guerra. El motivo: el canon que impone una directiva europea sobre el préstamo de libros, discos y películas. España elude la norma desde 1992, por lo que Bruselas ha abierto un expediente sancionador. Frente a esto, las asociaciones de bibliotecas han decidido movilizarse.

Los bibliotecarios llevarán a cabo a lo largo del año llamamientos a los usuarios de sus instalaciones, conversaciones con grupos parlamentarios y apelaciones al Defensor del Pueblo europeo, además de crear una página web para difundir sus propuestas. Estas iniciativas comunes fueron fijadas ayer, en las II Jornadas contra el préstamo de pago en bibliotecas organizadas por la Red de Bibliotecas Universitarias Españolas (Rebium), que preside Carlos Berzosa, rector de la Complutense.

Desde el punto de vista de Pedro López, director de la Escuela Universitaria de Biblioteconomía y Documentación, 'el perjuicio fundamental es que el canon repercute en el usuario o, si no, en los presupuesto bibliotecarios, hecho que al final afectará al ciudadano.'

La Rebium defiende su postura con los siguientes datos: en 2004 prestaron 13,5 millones de libros e invirtieron 30 millones de euros en nuevas adquisiciones bibliográficas. 'Pagar un euro por cada uno de estos préstamos, significaría, por ejemplo, que las universidades tendríamos que desviar un 40% de este dinero a compensar los préstamos', explica José Antonio Magán, director de la Biblioteca de la Complutense.

Pero desde las sociedades de gestión sostienen que este canon defiende al creador y su obra. 'Si no hay un permiso explícito por parte de los autor, debe haber por lo menos una retribución. A fin de cuentas es la explotación de su trabajo', indica José María Segovia, asesor legal de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE).

Magdalena Vinent, directora general del Centro Español de Derechos Reprográficos (Cedro), destaca que la directiva admite excepciones y niega que vaya a pagar el usuario. 'Será un gasto más de las bibliotecas, como la luz'. Además, resalta que la normativa no fija la cuantía del canon, sino que debe establecerla el Gobierno.

El Ministerio de Cultura ha asegurado que no prevé aplicar esta tasa, lo que llevaría el caso a la justicia europea.