Bruselas regula el veto de los emisores de tarjetas a los comercios
La Comisión Europea aprobó ayer las normas de privacidad que deberán respetar los operadores de tarjeta de crédito cuando elaboren sus listas negras de comerciantes expulsados del sistema. Bruselas quiere garantizar la protección y veracidad de esas bases de datos.
La Comisión y los expertos nacionales en protección de datos han negociado durante dos años con las filiales europeas de Visa y Mastercard las nuevas directrices. Las dos empresas se han comprometido a aplicar antes de un año las normas pactadas sobre confidencialidad y exactitud de sus bases de datos.
A cambio, los operadores de tarjetas de crédito podrán extender a toda la Unión Europea los registros que sólo podían utilizar en algunos países miembros. Ayer mismo, Visa anunció la futura conversión de su 'servicio de alerta nacional' en uno de alcance europeo.
Los operadores incluyen en esos registros a los establecimientos comerciales que han sido expulsados del sistema por no respetar las normas preventivas contra el fraude o por haber sido cómplices de alguna estafa. La lista negra intenta impedir que el establecimiento renueve el servicio de pago electrónico con otra entidad bancaria. La Comisión Europea calcula que la generalización de estos controles podría reducir en 200 millones de euros anuales las pérdidas para el sector por casos de fraude.
Las listas sólo podrán contener los datos del propietario del comercio expulsado y una descripción objetiva del motivo de esa expulsión. No se podrán recoger rumores o detalles infundados. Los operadores deberán comunicar al comerciante su inclusión en la lista. La base de datos sólo se podrá consultar para verificar el riesgo de un posible cliente.
Visa y Mastercard se han comprometido a borrar los datos de los establecimientos cinco años después de su inclusión, salvo que haya un litigio pendiente.
Los comerciantes tendrán derecho en todo momento a conocer los datos que figuran en ese registro y a solicitar una posible rectificación. En caso de que su inclusión fuese injustificada, los afectados podrán reclamar indemnizaciones.