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Impuestos

Los contribuyentes examinan a Hacienda

Los contribuyentes han enviado cientos de sugerencias a Hacienda para que añada al plan antifraude que acaba de diseñar. Exigen al fisco más control sobre el sector inmobiliario, los profesionales y las entidades financieras.

El diseño por el Gobierno de un nuevo plan de prevención del fraude fiscal ha levantado un sinfín de propuestas de los contribuyentes. Aparte de las recomendaciones específicas de asociaciones profesionales implicadas, como inspectores de Hacienda, asesores y economistas, la Agencia Tributaria ha recogido centenares de sugerencias de la sociedad en general, a través de su página web (www.aeat.es).

Es la primera vez que Hacienda hace este esfuerzo de transparencia en el que el ciudadano de a pie propone sus alternativas que, por otro lado, la Agencia Tributaria ha colgado en su web como información pública.

Entre todas la recomendaciones recibidas destacan las que se refieren al mercado de la vivienda, que aglutinan el 20% del total. El plan antifraude, debatido ya en el pasado Consejo de Ministros, contiene un buen número de medidas en el sector inmobiliario como la inclusión del número de referencia catastral en los modelos de declaración y contratos de suministros de servicios (luz, agua, teléfono) o la obligación de los inquilinos de consignar en el IRPF el NIF del arrendador.

Pero el ciudadano va más a ras del suelo. En varios mensajes recibidos por la Agencia se propone que se haga hincapié en las comunidades de vecinos. En primer lugar, porque en su gestión 'se emiten muchas facturas que se ocultan al fisco', especialmente en la rehabilitación de fachadas. En segundo lugar, porque pueden ayudar a reducir el fraude en los alquileres. En este sentido, varios contribuyentes proponen que a las comunidades de propietarios 'se les obligue por ley a enviar información de los pisos alquilados'.

Otros internautas hacen referencia a los intermediarios privados en las transacciones inmobiliarias. 'Existen miles de oportunistas que, sin tener la condición legal, se dedican a la intermediación inmobiliaria. Entran en la mordida; el cliente quiere diez, ellos lo venden por doce y se meten en el bolsillo dos, sin declarar un solo euro. Con un libro de operadores intermediarios se podría atajar lo que no se declara', señala uno de ellos.

La vivienda de protección oficial también tiene su rincón propio. 'Modificaría la normativa para que un piso catalogado como de protección oficial no pudiera venderse nunca como libre, y fuera el organismo público el que pudiera comprarlo a precio tasado. Así se evitaría fomentar el dinero negro y haríamos que se moderaran los precios', señala otro.

Propuestas como éstas no han caído en saco roto. La administración está dispuesta a modificar el plan anualmente, recogiendo las de mayor fundamento.

Bancos, políticos y promotores inmobiliarios

La actuación de los bancos también despierta pasión. 'Hay que obligarles a limitar el importe de los préstamos al 100% del valor de compra que se registre, sin que se tenga en cuenta si la tasación es superior a ese precio. Los bancos deberían informar a Hacienda del importe de la compra, del préstamo y de la tasación presentada. Si el cliente desea dinero para reforma, debería figurar en un crédito independiente y nunca superar el 10% del valor del piso', indica un ciudadano. Otros lanzan el dardo contra promotores y constructores inmobiliarios. Cada actuación que afecte a un plan de urbanismo 'debería ser comunicada a la Agencia Tributaria', en especial los permisos que conceden los ayuntamientos, indican. 'Estos permisos deberían tener el visto bueno de la agencia para que sociedades implicadas en fraudes anteriores no pudieran acceder a las promociones', afirman.Hay quien denuncia la práctica de algunos promotores de pedir al comprador que entregue parte del dinero en negro. 'Es una vergüenza que cualquiera que quiera comprar una primera residencia en el Pirineo tenga que desembolsar importantes cantidades en dinero no oficial (entre el 25% y el 30%), sobre todo en el caso de obra nueva. Estas situaciones, además de generar fraude fiscal, desprestigian al sector', comentan.Otros internautas se fijan en las clases dirigentes. 'Hacienda debería incluir a los políticos (a todos los niveles) como grupo de riesgo, realizando por sistema investigaciones y comprobaciones de sus ingresos y patrimonio, para que sirvan de ejemplo, ya que son los que hacen las leyes'.

Otras sugerencias Grandes sociedades y módulos

Mayor inspección de los locales abiertos al público. 'Todos aquellos negocios que cobran en efectivo (bares, restaurantes, tiendas en general), pueden permitirse el lujo de declarar los ingresos que quieran'.Alerta sobre el fraude en el cobro del desempleo agrícola.Establecer una recompensa del 10% de lo recaudado a quien denuncie situaciones de fraude.Mayor control en el pago del IVA en facturas de empresas de hasta 6 millones.Reducir el número de profesionales adscritos al régimen de módulos, sobre todo en construcción. 'Al menos, obligar a los empresarios a informar de sus ingresos anuales, con independencia del resultado fiscal a pagar'.Impuestos 'más justos'. Un ejemplo es que las ayudas a madres trabajadoras con hijos pequeños se hagan en función de sus ingresos. Otro: fijar la deducción por compra de vivienda según el nivel de renta.Plan de control efectivo de los gastos de la administración. 'El mayor problema del país no es el fraude fiscal sino la opacidad del gasto de las Administraciones'.Endurecer las medidas de cobro en ejecutiva para evitar que la declaración de insolvencia del contribuyente acabe arruinando el cobro de la deuda tributaria.Revisar las dietas, gastos de viaje e ingresos de los profesionales. Una propuesta es permitir que los contribuyentes que les abonan honorarios por sus servicios puedan disfrutar de una pequeña desgravación que sirva de chivato al fisco.

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