Emilio Botín afronta hoy el inicio del juicio oral
Dos años y tres meses después de que la Audiencia empezara a tramitar las denuncias por el caso de las jubilaciones presentadas por el condenado por el caso Banesto y ex consejero del banco, Rafael Pérez Escolar, y por el abogado y accionista minoritario del Santander, Juan Francisco Franco Otegui, comienza el juicio.
En el foco de la acusación, un presunto delito societario por los pagos de 43,7 millones de euros como bonus de jubilación al ex copresidente del SCH, José María Amusátegui, y de 108 millones por liquidación de derechos de pensiones al ex vicepresidente y consejero delegado, Ángel Corcóstegui. Lo percibieron tras salir de la entidad en agosto de 2001 y febrero de 2002, respectivamente.
Hasta ayer no se supo la composición definitiva del tribunal que iba a juzgar a Botín y a los otros dos ex directivos. La Audiencia decidió designar finalmente como presidente de la Sección Tercera de la sala de lo Penal (la que verá el caso) al magistrado Antonio Díaz Delgado, quien formó parte del tribunal que juzgó a Mario Conde y a una de las acusaciones particulares en esta causa, Pérez Escolar, condenado por estafa y apropiación indebida a nueve años de cárcel en el caso Banesto. Curiosamente, este ex directivo pidió recusar al presidente anterior, Javier Gómez Bermúdez (presidente de la sala de lo Penal) porque ejecutó la sentencia de esa causa. Ahora no ve motivo. Fuentes de las acusaciones, además, descartaban ayer una recusación de última hora cuando el tribunal inicie la resolución de cuestiones previas, como es la petición de nuevas pruebas o el planteamiento de violación de derechos fundamentales.
Botín, Amusátegui y Corcóstegui serán juzgados por presunto delito societario
Finalmente, la Audiencia resolvió el lunes estimar parcialmente la recusación por apreciar una 'apariencia de falta de imparcialidad' en la composición del tribunal, en la que el intervino el propio Gómez Bermúdez y que no explicó 'suficientemente', según la resolución. Las acusaciones alegaban que se había autodesignado para presidir el tribunal.
El cambio de presidente -además de generar polémica por la actuación de Gómez Bermúdez que ha generado varias lecturas sobre su imparcialidad- arroja ciertas incertidumbres de calendario. En principio, lo que iba a ser una vista de un mes que tendría lugar de lunes a miércoles a partir de hoy se ha acortado porque las sesiones se amplían a mañana y tarde. Por otro lado, las fechas de señalamiento (el calendario) no van más allá del 9 de febrero y así constaba hasta ayer en las agendas de las acusaciones y la defensa.
Pero la nueva formación del tribunal puede provocar variaciones en las citaciones, según fuentes de las partes implicadas en el proceso. Completan el tribunal Luis Antonio Martínez Salinas, como ponente, y Raimunda de Peñafort Lorente.
Está previsto que las cuestiones previas ocupen buena parte de la mañana. De hecho, las acusaciones no descartan que el banco tenga preparado un golpe de efecto en este inicio que pueda provocar incluso un suspenso momentáneo de la vista.
Ante una esperada dilación en este primer paso, el interrogatorio a Botín no está, en principio, previsto para la sesión de hoy. En este caso, es singular que los imputados tendrán que oír las peticiones sólo de las acusaciones ya que el fiscal de la Audiencia ha pedido archivar la causa en cuatro ocasiones.
No ve que los pagos sean ilegales y no aprecia indicios de los delitos de apropiación indebida o administración desleal, los dos que han hecho constar las acusaciones. Solicitan penas de cárcel para Botín de 12 a seis años, según cada delito, y de cuatro a ocho para los dos ex ejecutivos, además de multas millonarias e inhabilitación como administradores.
Las mejores bazas de la defensa
'Es un caso sin precedentes'.Lo afirman abogados expertos en derecho mercantil que no dudan en afirmar que si la causa obliga hoy a que Botín se siente en el banquillo es porque la juez de la Audiencia Nacional, Teresa Palacios, ha sido la instructora del caso. Admitió a trámite la querella de Juan Francisco Franco Otegui, fundador y presidente de la Asociación para la Defensa de Inversores y Clientes (conocida por su omnipresencia en las juntas del Santander), y la posterior denuncia de Pérez Escolar. ¿Cuestión de prestigio para la juez? Hay respuestas de todo tipo.Los juristas consultados, no implicados en el proceso, ven endeble el armazón de argumentaciones que presentan las acusaciones. 'Si los pagos fueron aprobados por la comisión de retribuciones, por el consejo y por las juntas, no hay signos de ilegalidad', apuntan. æpermil;sta es la mejor baza con la que cuenta la defensa, representada por el prestigioso letrado y catedrático Gonzalo Rodríguez Mourullo (a la que se une una batería de asesores). Otro de los argumentos que presentará para demostrar que los pagos no perjudican a la entidad y, por ende, a sus accionistas, es que las retribuciones a Amusátegui y a Corcóstegui se aprobaron teniendo como base su 'contribución clave' a la fusión entre el Santander y el Hispano, anunciada en 1999. La consolidación de la unión 'fue un éxito' porque el beneficio del banco en 2000 fue casi el doble que el que sumaban Santander y BCH en 1998, y también se duplicaron los dividendos al accionista, defiende el banco. Un tercer elemento que puede minar la acusación es que el fiscal ha pedido insistentemente sobreseer el caso.Ante los tres magistrados volverán a desfilar testigos y peritos que ya declararon ante Palacios, como ex asesores legales del banco o el inspector del Banco de España que supervisó la fusión del SCH, entre otros.