Economía prepara una ley urgente para fomentar la competencia
El Gobierno está preparando una ley escoba en la que incluirá un paquete de medidas para fomentar la competitividad en diferentes sectores económicos. La norma se aprobará en el primer trimestre de este año y en la misma intervendrán distintos ministerios, encabezados por el de Economía.
El ministro de Industria, Comercio y Turismo, José Montilla, ha confirmado a representantes empresariales la intención del Gobierno de elaborar una norma, que tendría rango de ley, en la que se incluirían muchas de las medidas prometidas y que no se han podido aprobar por la falta de un marco legal, como la ley de acompañamiento de los presupuestos, que ha eliminado el propio Gobierno.
Ya hay algunas referencias sobre la intención gubernamental en este sentido. Así, ante el proyecto de Industria de cambiar el modelo de financiación de la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa), que deben asumir las compañías eléctricas, éstas han recibido una comunicación en las que se les da cuenta de la intención del Gobierno de cambiar este modelo, 'que se incluirá en un paquete de medidas pro competitividad que se va a aprobar en el primer trimestre de este año'.
Un portavoz del Ministerio de Industria reconoce que se está preparando una ley que incluirá una serie de medidas 'con un poco de todo', especialmente 'con temas industriales'. Según las mismas fuentes, en ella intervendrán 'varios ministerios', liderados por Economía. Otras fuentes cercanas al Gobierno aseguran que 'es una norma muy urgente', que incluirá también medidas sobre el sector energético, el transporte y las telecomunicaciones.
Un representante empresarial reconoce que el propio Montilla ha admitido personalmente la necesidad de elaborar una norma 'con rango de ley, bajo la cual amparar los asuntos más urgentes, sin que afecte a las reformas más en profundidad que el Ejecutivo pueda estar elaborando en estos momentos', como es el caso del Libro Blanco sobre la generación eléctrica.
Fuentes empresariales comparan la futura norma del Gobierno socialista con el Real Decreto de medidas urgentes de intensificación de la competencia en mercados de bienes y servicios que aprobó el Partido Popular en junio del año 2000. Bajo aquél paraguas se incluyeron importantes medidas para limitar los poderes en empresas de sectores regulados. Concretamente, y con la intención de frenar la inflación, el equipo económico del Gobierno del PP aprobó una batería de medidas variopintas. En el sector energético, se prohibió a Repsol y Cepsa aumentar su número de gasolineras en 5 años, por tener una cuota de mercado superior al 30%, y se limitaron las cuotas de generación de Endesa e Iberdrola. En el área de telecomunicaciones, se puso fin al monopolio de las llamadas locales, se abrió a la competencia el llamado bucle local y se obligó a Telefónica a presentar su contabilidad de costes.
Pero aquellas medidas también afectaron a la libertad de horarios comerciales, a los impuestos e incluso a los ayuntamientos.
En este caso se desconoce si el Gobierno pretende también una liberalización o proceder a cambios legales que reclaman distintos ministerios, por decisión propia, o por presiones empresariales.
Las vacaciones navideñas han interrumpido las conversaciones que ya habían iniciado en este sentido los ministerios de Economía e Industria y que ahora se reanudarán.
Energía Al margen del Libro Blanco de la electricidad
Con la elaboración del Libro Blanco de la electricidad, el Gobierno quiere abordar una reforma en profundidad del sector eléctrico. No obstante no faltan cuestiones que podría incluir en su norma sobre medidas urgentes.Una de ellas es la reforma del cálculo para retribuir la distribución, que el sector eléctrico considera prioritario.Cambios también en el funcionamiento del mercado mayorista de la electricidad (pool); en el actual sistema de cobro de CTC o en el tratamiento de las renovables, podrían tener hueco en la ley.En materia de tarifas, las grandes empresas podrían ver plasmado su deseo de que la tarifa industrial se amplíe hasta 2010.
Montilla cede
Tras llegar a Industria, José Montilla, rechazó la posibilidad de elaborar una batería de medidas liberalizadoras al modo del PP, porque éstas habían sido un fracaso. Ahora, la necesidad de abordar temas urgentes, han hecho que el Gobierno se ponga manos a la obra
Cuestiones pendientes en las 'telecos'
En el área de las telecomunicaciones, el Gobierno podría abordar cambios importantes. Por primera vez, las tarifas telefónicas sólo tienen una vigencia de seis meses, frente a los 12 tradicionales, porque a mediados de año la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) debe presentar su informe sobre los diferentes mercados de telefonía, con un veredicto sobre si hay competencia efectiva en ellos o no. Si la respuesta es afirmativa, ese mercado dejará de regularse, pero si es negativa habrá que determinar los precios. También queda por definir si finalmente se obligará a las operadoras de móviles a cubrir un servicio universal y dar cobertura en todo el territorio, algo que se complementará con la publicación de varios reglamentos (como el del servicio universal en telefonía fija o el que regulará el sector del cable) que tiene que desarrollar la ley de telecomunicaciones.En materia audiovisual, la incógnita más importante es la concesión o no de licencias de televisión analógica y de televisión digital terrestre, algo que dará mayor competencia al sector, pero que arrastra una elevada dosis de polémica.