'Que nadie crea que un plan de choque resuelve la inflación'

Experta en Teoría Económica, ha accedido a la ejecutiva socialista después de una larga trayectoria política en la Comunidad Valenciana, donde ha trabajado en la delegación del Ministerio de Hacienda.

Claramente influenciada por el estilo de José Luis Rodríguez Zapatero, la responsable de economía del PSOE considera que la concertación social debe ser el eje principal de la actuación del Gobierno.

Pregunta Parece que la política económica tiene un perfil bajo.

Respuesta No es cierto. Lo primero que se ha hecho es resolver los problemas heredados como, por ejemplo, el de Izar. Había que conocer cual era la situación e incorporar a las cuentas del Estado la realidad de todos los expedientes, como fue el caso de Renfe o de la deuda andaluza. Y también se han elaborado unos nuevos Presupuestos, sabiendo el margen de actuación que tenía el Gobierno, que marcan un cambio de orientación. Los primeros resultados se verán este año. En estos meses el Gobierno ha reforzado la transparencia en las cuentas públicas, lo que da seguridad a los agentes económicos, ha impulsado la productividad y ha apostado por la política social.

P Pero el PP echa en falta un aluvión de reformas estructurales que no acaban de llegar.

R Algunas de ellas verán la luz este año. Lo primero que ha hecho el Gobierno es recabar la información adecuada para hacer un buen diagnóstico de la realidad. Desde esta perspectiva, está en estudio la reforma fiscal. No teníamos los datos de recaudación y lo prioritario era hacer un diagnóstico de los problemas del actual modelo tributario. Lo mismo ocurre con la defensa de la competencia, sobre la que se está elaborando un libro blanco, o con la reforma del mercado de trabajo.

P ¿Hasta dónde puede llegar esta última?

R Pues hasta donde puedan pactar los agentes económicos. El Gobierno no puede ir más allá de lo que los interlocutores sociales, protagonistas de la reforma, pueden asumir. De todas formas se están dado pasos en la dirección adecuada, ligando los aumentos salariales a la productividad y apostando por la estabilidad en el empleo y el empleo de calidad.

P ¿En ningún caso el Gobierno irá más allá de lo que acuerden sindicatos y empresarios?

R Hacerlo sería un fracaso. Una reforma del mercado del trabajo en la que no crean sus protagonistas no es factible.

P ¿Este criterio vale también para un posible abaratamiento del despido?

R Tendría que ser objeto de acuerdo. Si no consigues un pacto entre las partes tendrás que conciliar, pero siempre respetando sus posturas.

P Entonces, si hubiera acuerdo entre sindicatos y empresarios para abaratar el despido, ¿el PSOE estaría en condiciones de avalarlo?

R Claro. Si se ponen de acuerdo significa que ven que es el mejor mecanismo para impulsar un mercado de trabajo más ágil y eficiente.

P ¿En qué sectores hay que hacer un mayor esfuerzo para introducir más competencia?

R En el sector servicios y en el de la distribución comercial. Y luego están los sectores estratégicos básicos como la energía o las telecomunicaciones.

P ¿Qué recorrido puede tener la liberalización en el sector energético?

R En primer lugar, hay que tener en cuenta los problemas que se generan al introducir las energías alternativas con el fin de que sean compatibles con el sector eléctrico. También hay que dar transparencia al mercado para que los agentes que operan en el mismo puedan tomar sus decisiones con todas las consecuencias.

P En la oposición se echa también de menos un plan de choque contra la inflación.

R Hay que tener en cuenta nuestro margen de actuación, con una política monetaria que define el Banco Central Europeo. En la política fiscal la clave es la estabilidad presupuestaria, que es una apuesta firme de este Gobierno. El otro aspecto clave para incidir en la inflación es mejorar la competitividad e introducir la liberalización en los sectores con mayores rigideces. Que nadie crea que un plan de choque resuelve el problema de la inflación. Es mejor adoptar medidas estructurales con efectos a medio y largo plazo.

Privatizadas 'El consejo debe dar prioridad a los accionistas'

Inmaculada Rodríguez es cauta al opinar sobre la operación de Sacyr para entrar en el BBVA: 'El intervencionismo en el ámbito económico fue la forma cotidiana de actuar del anterior Gobierno, en contra de lo que nosotros defendemos. Esta operación responde a una decisión de un grupo privado que tiene que respetar las reglas de la competencia y por eso ni el Gobierno ni el partido tenemos nada que decir al respecto. Son decisiones que corresponden al sector privado', mantiene.Respecto a la gestión de las empresas privatizadas, opina que 'hay de todo'. 'Telefónica, por ejemplo, ha ofrecido buenos resultados a sus accionistas y éstos son los que tienen que valorar qué tipo de dirección quieren tener. Está claro que las decisiones que se hubieran tomado en la compañía con otro presidente, no habrían sido las mismas. Pero los accionistas son los únicos competentes para decidir'.'¿Cuál es el problema?', se pregunta. 'Pues que los consejeros deben responder a las prioridades de los accionistas a los que están defendiendo. Y en el pasado reciente no ha sido lo que más ha primado'.A su juicio, 'las estrategias que define un presidente elegido desde unas prioridades de un Gobierno, no son las mismas que las que desarrollaría otra persona con un perfil más parecido al que nosotros defendemos. ¿Qué se ha primado al elegir a estos presidentes? ¿Las relaciones personales o su trayectoria profesional y su capacidad para conocer ese sector y tomar las mejores decisiones? Esta es la cuestión de fondo', concluye.