El fiscal de Nueva York gana la primera batalla judicial contra Grasso
Primera derrota judicial de Richard Grasso, ex presidente de la Bolsa de Nueva York (NYSE). El Tribunal Federal de EE UU hizo público el jueves a última hora que rechazaba la petición de los abogados de Grasso de que su juicio sea visto por la Corte Federal, en lugar de por los tribunales estatales. Victoria para el fiscal general de Nueva York, Elliot Spitzer, que podrá usar las leyes estatales en su demanda contra Grasso.
El fiscal presentó en mayo una demanda contra el ex presidente de la NYSE, al que acusa de engañar al consejo de directores de la Bolsa, una entidad sin ánimo de lucro, para lograr unas compensaciones salariales que suman casi 200 millones de dólares.
'Estamos realmente satisfechos por la decisión, porque creemos que es un caso de violación de las leyes estatales sobre entidades sin ánimo de lucro y que pertenece al tribunal federal de Nueva York', comentó la portavoz de Spitzer, nada más conocerse el anuncio.
Hasta agosto del año pasado, Grasso era considerado prácticamente como el mejor presidente en la historia de la Bolsa de Nueva York. Pero tuvo que dimitir al mes siguiente, ante el escándalo generado al conocerse que iba a recibir una compensación de 140 millones de dólares, cinco veces más de lo que había ganado la propia Bolsa durante todo el ejercicio de 2002, por sus ocho años de servicio al frente del mercado de valores.
Grasso, de 54 años, no sólo se considera inocente, sino que además interpuso en julio una demanda contra su sucesor, John Reed, por incumplimiento contractual. Grasso exige a la Bolsa de Nueva York que le pague unos 50 millones de dólares. El ex presidente también ha demandado a Reed por calumnias, ya que éste se quejó de que el escándalo sobre los pagos a Grasso era vergonzoso para la entidad.
El precedente del 'caso Adelphi'
El juez asignado para la causa contra Richard Grasso, Charles Ramos, ya presidió en 1997 el juicio contra el máximo responsable de Adelphi University, Peter Diamandopoulos, acusado de recibir injustificadamente una asignación salarial de 800.000 dólares anuales. Los expertos dicen que ese caso es un precedente casi idéntico al asunto Grasso. Si la historia sirve como referencia, Diamandopoulos llegó al final a un acuerdo para devolver 1,6 millones de dólares, frente a los 4,5 que reclamaba la fiscalía.