Las salvedades a las cuentas de Cascos
El informe elaborado por la Intervención Delegada del Ministerio de Fomento sobre la situación financiera de la Dirección General de Carreteras en 2003 pone de manifiesto cómo la deficiente gestión del presupuesto de Francisco Álvarez-Cascos fue responsable de sobrecostes de casi un 20% sobre el importe de licitación y retrasos de hasta el 60% sobre el plazo previsto en los contratos.
La realización de este informe fue solicitada por la actual titular de Fomento, Magdalena Álvarez, quien denunció el escaso margen de maniobra que había heredado de su antecesor.
Ahora y, según constata el mencionado informe, 'resulta evidente la insuficiencia de crédito en 2004 para la realización de las actividades propias de la Dirección General de Carreteras, dado que el margen de maniobra inicial era prácticamente nulo y, sin embargo, existen gastos recurrentes al margen de la nueva contratación, que tienen un volumen significativo y deben ser atendidos'.
La Intervención sostiene que en 2003 'los créditos destinados a expropiaciones, modificaciones de servicios afectados, gestión de demarcaciones o intereses de demora sin la cobertura previa de una retención de crédito sumaron 500 millones de euros'. Es decir, se trataba de gastos que era preciso atender en 2003, heredados de ejercicios anteriores y que nada tenían que ver con las nuevas contrataciones.
¿Por qué se llega a esta situación? Básicamente, porque, según constata el interventor, no existe una programación presupuestaria suficientemente rigurosa, si bien ésta 'es respetuosa con la legalidad vigente'.
'La programación para 2003 adolece de los mismos defectos y falta de realismo observados en ejercicios anteriores. El 37,83% de los proyectos previstos no tuvieron ejecución. Las desviaciones producidas en adelantar la ejecución de algunos proyectos supone asimismo la desviación de aquellos otros que hubo que modificar para financiar los primeros', añade el informe.
¿Qué efectos tiene esta práctica sobre las cuentas públicas de años futuros? Según admite el interventor, 'la consecuencia inmediata es que el gestor, para poder seguir tramitando gastos propios de su actividad necesita incrementar sus posibilidades de gasto a través de modificaciones presupuestarias y reajustes de anualidades'.
El informe recuerda como ejemplo de esta práctica cómo 'para poder seguir licitando obra nueva se solicitó un nuevo incremento de los límites para contraer compromisos de 2005 a 2007, cuya aprobación se produjo en el Consejo de Ministros del 16 de enero de este año'.
Así, el interventor asegura haber detectado 'deficiencias en la gestión o debilidades en los procedimientos establecidos que deben ser superados'.
Ejemplo de esas deficiencias es la necesidad de agilización que ve el informe en la gestión de las indemnizaciones por responsabilidad patrimonial, 'con el objeto de disminuir unos plazos excesivamente elevados en la aprobación de los gastos'.
Sólo por los intereses de demora pagados, el coste de las ineficacias en la programación del gasto puede calcularse en 109,88 millones de euros.
Objeciones al plan de infraestructuras del PP
Tal y como viene denunciando la ministra de Fomento, el auditor asegura que el Plan de Infraestructuras 2000-2007, puesto en marcha por el Gobierno del PP, 'es un documento sin el rango normativo requerido por la Ley 25/1988, de Carreteras'. El informe dice que dicho programa 'tan sólo describe actuaciones en la Red de Gran Capacidad para servir a unos objetivos generales y con un coste globalmente estimado'. Así, la Intervención admite que no conoce ningún tipo de concreción de este plan global, ni una actualización que permita conocer las actuaciones realizadas y, sobre todo, las acciones en marcha y a iniciar, con la estimación de su coste y un horizonte temporal de ejecución que permita opinar sobre su factibilidad'. El interventor concluye que esa falta de concreción genera incertidumbres.
Mejorar la gestión de los ingresos
En cuanto a las transferencias de capital, el informe resalta 'el bajo nivel de ejecución de los créditos presupuestados que ha alcanzado el 51,7% de los previstos, mientras los créditos no utilizados sirvieron para financiar gastos en inversiones reales'.Dentro del área de ingresos, la opinión del auditor es clara. 'En los ejercicios 2002 y 2003 hubo dejación de responsabilidades en la gestión de las sanciones, sin que se hayan tramitado los expedientes de conformidad con su normativa reguladora, lo que ha podido producir la caducidad de los procedimientos'. En cualquier caso, las conclusiones más relevantes a las que ha llegado el auditor se refieren fundamentalmente a la gestión de las inversiones reales.La intervención denuncia la elevada utilización de los créditos disponibles, 'lo que significa que por cada euro invertido comprometido en 2003, se comprometieron 7,42 euros adicionales para ejercicios futuros'.Por último, el informe sostiene que los proyectos liquidados en 2003 necesitaron un promedio de 13,8 años para su gestación, contados desde la orden de contratación del estudio informativo, hasta la liquidación, mientras el coste final de las obras alcanzó una media del 118,68% del importe de licitación.