La SEPI acepta las exigencias de los sindicatos y espera cerrar el acuerdo este mes
La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) ha aceptado hoy las exigencias de los sindicatos de acelerar la contratación de carga de trabajo para Izar e incluir los centros de Fene y San Fernando en la rama militar de la empresa, con el objetivo de cerrar un nuevo acuerdo antes de fin de año.
El presidente de la SEPI, Enrique Martínez Robles, ha afirmado, tras una reunión que duró cerca de tres horas con los respresentantes de los trabajadores, que "lo más importante es llegar a un acuerdo antes del 31 de diciembre", fecha en la que Izar entrará en causa de disolución al aprovisionar en sus cuentas las ayudas declaradas ilegales y entrar en patrimonio negativo.
El secretario general de la Federación Minerometalúrgica de CC OO, Felipe López, y el secretario de política sindical de UGT, Carlos Romero, destacaron que ambas partes se han comprometido a acelerar las negociaciones a partir de la nueva reunión que se celebrará el 13 de diciembre, aunque advirtieron de que hay que tener "mucha cautela".
Hoy era la primera vez que se volvían a sentar en la mesa de negociación tras la ruptura de negociaciones el pasado 17 de noviembre. Antes de entrar en la reunión, CC OO y UGT habían señalado como principal exigencia que se concrete una carga de trabajo "real" para garantizar la viabilidad de los astilleros públicos.
Los sindicatos también exigirían la definición del perímetro de cada una de las actividades de Izar, civil y militar, y pedirían que tanto Fene como San Fernando entren a formar parte de ésta última, punto en el que la SEPI ha señalado que cederá. Asimismo, solicitarían la concreción del proceso de privatización de la rama civil, tal y como acordaron ambas partes en un acuerdo el pasado 19 de octubre.
En concreto, los sindicatos confiaron en que se determine la adjudicación de construcción de un buque para el centro de Sevilla, se defina el contrato del Ministerio de Defensa de construir 12 lanchas en San Fernando, así como las condiciones del gasero destinado a la planta de La Naval. Asimismo, esperan que se logre más carga de trabajo para Manises, Puerto Real y Gijón.
Jornada de protesta
Antes de la reunión, cientos de trabajadores de las factorías de Izar en toda España volvieron a salir a las calles de manera pacífica para recordar al Gobierno que el futuro de la empresa no está resuelto y para exigirle una solución que asegure la viabilidad de los astilleros públicos.
En A Coruña, unos 2.500 trabajadores de los centros de Fene y Ferrol se manifestaron por el centro de la ciudad aunque no se produjeron incidentes. En Cádiz, un millar de trabajadores de San Fernando se manifestaron de forma pacífica desde la factoría hasta el Ayuntamiento para recordar que el problema "sigue ahí", aunque se mostraron "esperanzados" por la reunión de esta tarde.
Los cerca de 400 empleados de Izar en Valencia secundaron el paro de cuatro horas convocado por los sindicatos y se manifestaron entre los municipios de Manises y Quart de Poblet para que los vecinos "sigan teniendo conciencia del problema" y recordar "que aún no se ha resuelto".
Los trabajadores de La Naval de Sestao protestaron ante el Parlamento Vasco para reclamar al ejecutivo de Vitoria que "se moje" y al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, que cumpla su promesa de salvar el astillero vizcaíno.
En Gijón, más de 150 trabajadores de Izar se manifestaron, tras una breve asamblea celebrada a las puertas del astillero, y cortaron el tráfico de algunas calles con la quema de una barcaza que simbolizaba la última botadura que realizará esta factoría si no se encuentra una solución para el sector.
También los empleados del astillero de Cartagena secundaron el paro convocado y se concentraron durante una hora y media ante las puertas de la factoría.
La última reunión entre las dos partes se celebró el pasado 17 de noviembre, cuando los sindicatos con representación en Izar dieron por rota la "interlocución" con la SEPI y convocaron nuevas movilizaciones tras ser informados por el grupo público de que la Comisión Europea no aceptaba el principio de acuerdo alcanzado por las dos partes el pasado 19 de octubre. Dicho principio de acuerdo preveía la constitución de una sociedad civil (que aglutinaría la industria civil y la militar) participada por la SEPI (el 49%) y las cajas de ahorro (21%).