El alto tribunal del País Vasco cuestiona la Ley de Cajas
Apoya al consistorio donostiarra en materia de obra social El reglamento que desarrolla la Ley de Cajas de Ahorros vasca, aprobado por el Ejecutivo de Vitoria, está cuestionado. El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha anulado 'por vulnerar la autonomía' el artículo que regula la intervención del Gobierno autónomo en la gestión de la obra social de las entidades de ahorro con sede en Euskadi.
El alto tribunal, que entró en faena tras el recurso presentado por el Ayuntamiento de San Sebastián, estima que el decreto del Gobierno vasco que fijaba las directrices que deberían aplicar las cajas, tras una consulta previa con estas entidades en materia de obra social, 'excede la habilitación de la Ley'. El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco considera, además, que vulnera la autonomía de las cajas e 'incide en su ámbito de actuación' y 'limita la posibilidad de financiación de servicios municipales'.
La resolución judicial, que puede ser recurrida en casación, fue acogida por el Gobierno vasco con perplejidad y argumentos sorprendentes. La portavoz del Ejecutivo, Miren Azkarate, señaló que el pronunciamiento del TSJPV se realiza 'sobre un borrador de decreto y no sobre el texto que fue aprobado por el Gobierno vasco.
Fuentes judiciales consultadas por este periódico expresaron su extrañeza por estas manifestaciones ya que en ningún caso 'un Tribunal sentencia sobre borradores'. Azkarate dijo que el Ejecutivo de Vitoria están estudiando 'detenidamente' la sentencia y que 'cuando lo tengan claro' decidirán si se recurre.
Esta resolución a favor del Ayuntamiento dirigido por Odón Elorza, es la primera de una batería de recursos presentadas por la Kutxa de Guipúzcoa, Vital de Álava (dos de las tres cajas de ahorro con sede en el País Vasco) y de la Diputación de Álava. Pendientes de sentencia están las argumentaciones de estas entidades que se rebelaron contra el decreto que desarrolla la Ley Vasca de Cajas en temas relativos a participaciones y distribución de resultados.
Así, consideran que no se ajusta a derecho el que las cajas tengan que solicitar al Gobierno vasco autorización para adquirir participaciones en empresas cuando la inversión supere el 50% de los recursos propios o se compre más del 50% de una sociedad. Cuestionan, también, que deba ser el Ejecutivo vasco quien tenga que dar luz verde a su propuesta de distribución de resultados, el proyecto de la obra social del ejercicio en curso y la liquidación del presupuesto del año precedente.
Ninguna de las tres cajas vascas rehusaron ayer valorar ayer la sentencia.