El Gobierno quiere suprimir a las diputaciones el papel financiero
El Gobierno plantea eliminar las subvenciones directas que conceden las diputaciones a los municipios. A cambio, les propone reconvertirse en entes de asesoramiento técnico para los ayuntamientos más pequeños.
El Ejecutivo está preparando una reforma de la Administración local en la que contempla un profundo cambio del papel de las diputaciones provinciales.
La intención del Gobierno pasa por eliminar las actuales subvenciones 'condicionadas' que ofrecen estos entes a los ayuntamientos.
'Queremos que en el marco futuro, las diputaciones tengan competencias funcionales, pero no materiales', indicó Manuel Zafra, director general de Cooperación Local del Ministerio de Administraciones Públicas, en un encuentro tributario organizado por el Ayuntamiento de Málaga.
La FEMP acoge con agrado el cambio hacia un modelo de asesoramiento técnico
'Las diputaciones no deben ser entes financiadores de los municipios, no deben dar subvenciones, entendidas como prestaciones directas a la ciudadanía, si éstas no añaden valor añadido en ese tránsito', resaltó.
La tesis del Ministerio parte de la base de que este tipo de ayudas acaba generando 'clientelismo' entre los ayuntamientos que desean la subvención, y la diputación provincial en cuestión. Ello provoca, según Zafra, que muchas veces los decretos de subvención de las diputaciones acaben condicionando las ordenanzas municipales. 'El Ayuntamiento está a lo que dice la diputación y no al revés, como debería ser, que el municipio tuviera la iniciativa inversora', añade.
Esta 'perversión' se eliminaría si los fondos procedentes de comunidades autónomas y Estado central que llegan a las diputaciones prosiguieran a los municipios sin que éstas pusieran ninguna traba. Esto, es, eliminar las subvenciones condicionadas, dejando sólo las incondicionadas (sin filtro).
Las diputaciones (las de régimen común y las forales) trasladan a los municipios más de 1.500 millones de euros anuales en transferencias corrientes y de capital. Aunque esta cantidad apenas representa el 6% de los ingresos totales de los más de 8.000 municipios, sí representa una cuantía importante para los más pequeños, necesitados de financiación.
Con todo, el Ejecutivo entiende que el papel de las diputaciones se debería transformar, añadiéndole más capacidad técnica. 'Lo ideal es que estos entes estuvieran integrados exclusivamente por un ejército de profesionales cualificados: ingenieros, abogados y economistas, para dar apoyo logístico a los pequeños municipios que no disponen de técnicos para sacar adelante sus proyectos', comenta Zafra.
Esta fuerte reestructuración no se haría de la noche a la mañana. El Gobierno planteará sus intenciones en un libro blanco sobre la administración local, que sirva de guía con el fin de recabar posteriormente las recomendaciones de todas las administraciones y expertos. Una vez recabados los consejos, la reforma se llevaría al Parlamento 'para que esté aprobada antes de las próximas elecciones autonómicas y locales, en 2007'.
Desde la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), esta reforma es acogida con agrado, por cuanto supondría reforzar el papel de 'asesoramiento' de las diputaciones y, a la vez, serviría para dar mejorar salida a las reivindicaciones de los ayuntamientos, muchas veces atascadas por las líneas de ayuda de las diputaciones.
'Un grupo de expertos está trabajando en una lista de prioridades elaboradas por los propios municipios, que va en esa dirección', admiten a Cinco Días en fuentes de la FEMP.
Una 'lista de competencias' para los entes locales
La reforma de la Administración local no sólo afectará a las diputaciones. Existen otros dos ejes básicos: la financiación y el traspaso de competencias autonómicas a los municipios, a través del llamado 'pacto local'.En este último punto, el Ministerio de Administraciones Públicas desea que se elabore también una 'lista de competencias' exclusivas de los entes locales. En la Ley de Bases del Régimen Local, de 1985, el legislador olvidó elaborar esta lista. El texto sólo se refiere a los derechos de los vecinos y a los servicios obligatorios a prestar por las administraciones.'Esta circunstancia coloca a los municipios en situación de vulnerabilidad sobre otras administraciones como las comunidades; por eso queremos que haya una lista de competencias también para ellos', anuncia el director general de Cooperación Local, Manuel Zafra. Y es que el Ministerio cuenta con que las ordenanzas municipales no se conformen sólo como el desarrollo reglamentario de una ley nacional o autonómica sino que 'se conviertan en derecho originario'.La intención del Gobierno es que en esa lista de competencias figuren las que actualmente cubren los entes locales sin tener por qué hacerlo, ya que corresponden a las comunidades (servicios sociales, sobre todo). Por otro lado, Zafra calificó de 'desafortunados' gran parte de los cambios recogidos en la Ley de Modernización del Gobierno Local (conocida como ley de las Grandes Ciudades), aprobada durante el último Gobierno del PP.Concretamente, Zafra rechaza que la norma imponga a los municipios la creación de 'órganos complementarios' de gestión, que 'entorpecen su capacidad de autoorganización'.