Sanidad informa al Ejecutivo de que no ve peligro en las antenas para móvil
El Gobierno da un paso adelante en el intento de resolver el contencioso sobre las repercusiones para la salud de las antenas de telefonía móvil e implica en el asunto a Sanidad. El ministerio que encabeza Elena Salgado ha emitido un informe en el que afirma que 'no se ha observado ningún efecto adverso para la salud' derivado de la exposición a las antenas.
Un informe del Ministerio de Sanidad y Consumo presentado el viernes ante la comisión sectorial de infraestructuras celulares, integrada por operadores de móvil, administraciones central y autonómica y ayuntamientos, asegura que las emisiones radioeléctricas en España 'están muy por debajo de los límites considerados como seguros por los comités y organizaciones nacionales e internacionales' y no afectan a la salud.
Con esta toma de posición, el Gobierno da un paso adelante en su intento por resolver el contencioso que, alentado por un gran número de organizaciones ciudadanas y amparado por la mitad de los ayuntamientos del país, impide el despliegue de nuevas antenas de telefonía celular.
El secretario de estado de Telecomunicaciones, Francisco Ros, informó de la existencia de este informe en el curso de un encuentro con periodistas en el que anunció también la adopción de una batería de 14 medidas para impulsar un acuerdo sectorial cuyo objetivo es mejorar la red de infraestructuras de telefonía móvil. La pretensión del ministerio es convertir esta propuesta en la base de un convenio bilateral al que deberán adherirse las instituciones integradas en la Federación de Municipios y Provincias y las operadoras de telefonía celular.
El convenio plantea un código de buenas prácticas que contempla criterios técnicos, medioambientales y urbanísticos, cuyo objetivo es mejorar el despliegue de las infraestructuras de telefonía móvil de forma compatible con la protección del entorno urbanístico y ambiental, y la salud.
Ros explicó que este convenio debe ser suscrito por cada ayuntamiento con el compromiso de cumplirlo. Los que no lo hagan 'se excluirán de las ventajas que reporta la telefonía móvil para la implantación de la Sociedad de la Información', afirmó Ros.
Entre las propuestas se incluye la creación de un comité técnico de seguimiento y despliegue de infraestructuras para resolver los problemas que se planteen, proporcionar información sobre los controles técnicos y sanitarios y realizar propuestas de intervención a la comisión sectorial.
El convenio propone igualmente reducir el impacto visual de las antenas y el fomento de compartición de infraestructuras. Ros ha propuesto un nuevo proceso administrativo que reducirá de 18 a seis meses el plazo para poder instalar una antena.
Fuentes vinculadas a las operadoras de telefonía móvil mostraron su satisfacción por estas propuestas que consideran son un primer paso para despejar el futuro del sector.
'Price cap'
Ros señaló que el ministerio de Industria tiene avanzada una propuesta para clarificar cuales serán los parámetros que se establecerán para el ejercicio de 2005 en el sistema que regula los precios máximos de Telefónica. Este sistema es conocido como price cap. El secretario de estado prefirió no ofrecer ningún detalle al respecto ya que aseguró que 'en estos momentos nos encontramos en pleno proceso de conversaciones con el ministerio de Hacienda'. En principio 2005 será el último año en que se mantendrá la regulación sobre estos precios.
Propuestas de Ros
Proceso administrativo que reducirá a seis meses el trámite de instalaciónCreación de un comité técnico de seguimiento del despliegue de infraestructurasReducir el impacto visual de las instalaciones de telefonía móvil mimetizándolas con el paisaje
Ros, abierto a un cambio de normas para el Wifi
'Hay que respetar la legalidad y lo que no podemos es reinterpretar normas en función de lo que interese en cada momento', aseguró ayer Francisco Ros zanjando los rumores de que el ministerio de Industria está molesto con la CMT por impedir la explotación de redes Wifi (internet sin cable) por parte de los ayuntamientos.El secretario de Estado de Telecomunicaciones reconoció durante su visita a SIMO no conocer los detalles, pero 'si la CMT ha tomado esa decisión será porque los ayuntamientos no se han constituido en operadores'.El político explicó que Industria está poniendo en marcha todas las acciones necesarias para fomentar la sociedad de la información y, por tanto, las infraestructuras necesarias. 'Acogemos con interés las aportaciones de entidades locales, comunidades autónomas o de la propia Administración central y si hay que cambiar alguna norma para mejorar el despliegue de Wifi lo estudiaremos y la cambiaremos', comentó. Ros opina que 'hay cauces suficientes para que los ayuntamientos den curso a la satisfacción de las necesidades de los ciudadanos'. Las redes Wifi no necesitan licencia, 'salvo si un ente da servicios a terceros, caso en el que debe convertirse en operadora aunque sea sin ánimo de lucro', aclaró.