El PP impondrá a Nieto para volver a presidir el Tribunal de Cuentas
El PP romperá el viernes el pacto no escrito que hasta ahora otorgaba la presidencia del Tribunal de Cuentas a alguien propuesto por el partido del Gobierno, imponiendo la continuidad de Ubaldo Nieto en el cargo.
El presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy, ha dado personalmente el visto bueno a los consejeros que su partido tiene en el Tribunal de Cuentas para que impongan el viernes la reelección de Ubaldo Nieto como presidente del máximo organismo de fiscalización externa del Estado.
Fuentes de la dirección popular han confirmado la nula disposición de Rajoy a respetar el pacto no escrito establecido con el PSOE para ceder en cada momento la presidencia del Tribunal al partido más votado. Así ocurrió en 1997, cuando los socialistas, que entonces tenían mayoría en el plenario, accedieron a elegir a Nieto, propuesto por el PP, como consecuencia de la victoria electoral de esta fuerza política en marzo de 1996.
El principal partido de la oposición dispone en estos momentos de seis consejeros de confianza, a los que hay que sumar el de consenso, Javier Medina, tradicionalmente aliado con las tesis del PP en los debates internos sobre los expedientes sometidos a fiscalización.
El PSOE sólo cuenta con cinco consejeros y su principal desventaja reside, además de en la aritmética, en que el mandato del actual plenario, con 12 consejeros en total, no vence hasta el año 2010.
Atrincherándose en la presidencia del Tribunal, el PP se asegura de que la fiscalización externa de las cuentas del Estado en las etapas de gobierno de José María Aznar va a seguir en manos del mismo partido, ya que si se produce un empate en las votaciones de los expedientes sometidos a estudio, el presidente dispone de voto de calidad.
El Tribunal todavía no ha concluido la fiscalización de la cuenta general del Estado de 2002 y tiene pendiente de auditar la del ejercicio de 2003, ambas correspondientes al periodo de gobierno del Partido Popular.
Esta fiscalización corresponde coordinarla a Juan Velarde, nombrado en noviembre de 2001 a propuesta del PP, el miembro de mayor edad dentro del Consejo. Además, el departamento del que Velarde es responsable tiene asignada la fiscalización de los Ministerios de Economía, Fomento, Agricultura, Medio Ambiente, Sanidad y Trabajo. Dentro de sus cometidos está también la revisión de las cuentas de la Agencia Tributaria y de todos los organismos autónomos dependientes de los ministerios citados.
Los consejeros tendrán que votar también el próximo viernes a los nuevos responsables de las secciones de Fiscalización y de Enjuiciamiento. La primera la preside ahora el ex diputado del PP Manuel Núñez y la segunda la consejera propuesta por el PSOE Ana Pérez Tórtola, de 45 años, la más joven del Consejo. Los dos, junto al presidente, forman la comisión de gobierno del Tribunal, encargada de decidir sobre los asuntos internos y de ostentar la representación exterior.
El ex diputado popular Manuel Núñez, de 71 años, era el 'candidato natural' de este partido para relevar a Nieto al frente del Tribunal. Al menos con esa promesa se incorporó como consejero en noviembre de 2001, cuando abandonó su puesto como portavoz adjunto del PP en el Congreso. En la cabeza de quienes se lo propusieron encajaba una segura victoria electoral en las elecciones de marzo.
Un órgano sometido a Las Cortes
El PSOE dispone todavía de dos días de plazo para decidir si presenta o no un candidato alternativo al del PP para presidir el Tribunal, pese a la dificultad que encontraría para sacar adelante su nombramiento. En el partido en el Gobierno hay quienes piensan que se pecó de ingenuidad al respetar con anterioridad un acuerdo que ahora el PP no reconoce.El Tribunal de Cuentas es el supremo órgano fiscalizador de la gestión económica del Estado, así como del sector público. Depende directamente de las Cortes Generales y ejerce sus funciones por delegación de ellas en el examen y comprobación de la cuentas general del Estado. Sus doce consejeros son elegidos a partes iguales por el Congreso y el Senado por mayoría de tres quintos.Sin perjuicio de su propia jurisdicción, el Tribunal remite periódicamente al Congreso y el Senado un informe sobre sus trabajos de fiscalización. Sus miembros gozan teóricamente de la misma independencia que los jueces y están sometidos por ley a las mismas incompatibilidades.