Lord Black dimite como presidente del grupo editorial Hollinger
Los procesos judiciales se acumulan para Conrad Black. El empresario dimitió ayer como presidente de Hollinger antes de que comenzara una vista para destituirle. Black mantiene el propósito de hacerse con todas las acciones del grupo.
El magnate británico de origen canadiense Conrad Black dimitió ayer de su cargo de presidente y consejero delegado de la sociedad Hollinger, que controla Hollinger International, editora del diario Chicago Sun Times, adelantándose a una decisión judicial que le hubiera obligado a renunciar en cualquier caso.
'La dimisión de Conrad Black se hará efectiva a partir de las 16.00 horas del 2 de noviembre', indicó un comunicado de la sociedad, que el pasado viernes ya había advertido de lo inminente de esta decisión. A esa misma hora comenzaba una vista en el proceso judicial iniciado en Canadá por el fondo Catalyst Fund General Partner I, accionista de la sociedad, para echar a Lord Black y sus aliados de la cúpula de la compañía. Durante la sesión, los abogados de Catalyst señalaron que también quieren la dimisión del equipo de Black, incluida su esposa, Barbara Amiel Black.
Black había anunciado la semana pasada su intención de presentar una oferta por las acciones de Hollinger que no controla. El empresario es accionista principal de la sociedad a través de Ravelston.
En principio, la decisión de dimitir la ha tomado para facilitar la oferta de compra por el total de las acciones del grupo que creó en 1985. Hollinger, que será gestionado por un comité extraordinario, cuenta con una participación del 18% y el 68% de los derechos de voto de Hollinger International, grupo que recientemente vendió la sociedad London Telegraph por 1.200 millones de dólares y que aún controla el Chicago Sun-Times, el Jerusalem Post y otros activos en medios de comunicación.
El proceso en Canadá no es el único al que se enfrenta Black. El consejo de Hollinger International forzó en enero la salida de Black y presentó una demanda contra él y sus socios ante un tribunal estadounidense con el fin de recuperar entre 400 y 542 millones de dólares (entre 317 y 430 millones de euros) presuntamente sustraídos. Acusa además al empresario de 'desviar y usurpar bienes corporativos y oportunidades de la compañía mediante violaciones sistemáticas de sus deberes fiduciarios'.
Previamente, la comisión del mercado estadounidense (SEC) había obtenido una orden judicial federal con la que se pretendía asegurar que los investigadores pudieran continuar con sus tareas, 'bajo la jurisdicción y supervisión del tribunal, y sin importar si hay cambios en el control de la compañía'.