Gobierno y regiones podrán negociar bilateralmente el déficit
Las Cortes instarán hoy al Ejecutivo a que las comunidades puedan negociar bilateralmente con el Gobierno central sus objetivos presupuestarios. A su vez, el Ejecutivo ha introducido cambios en los Presupuestos del Estado para flexibilizar la Ley de Estabilidad.
El Congreso dará el visto bueno hoy al reciente acuerdo llegado entre el Ministerio de Economía y los socios parlamentarios del Ejecutivo para reformar la Ley de Estabilidad Presupuestaria. El procedimiento utilizado es una proposición no de ley, pactada por PSOE con Esquerra Republicana (ERC), Izquierda Unida-Verde-IC, Coalición Canaria y Grupo Mixto, por la que el Congreso instará al Gobierno a dotar de mayor flexibilidad a la Ley de Estabilidad, que entró en vigor en 2002.
En esencia, hay dos novedades. Por un lado, el concepto de estabilidad presupuestaria se extenderá del ámbito anual al de 'a lo largo del ciclo', con lo que se podrán consentir, sin penalizaciones, déficit públicos en años malos a cambio de conseguir superávit cuando el crecimiento económico sea alto.
Por otro lado, PSOE y sus socios en el Congreso han acordado que los objetivos de déficit autonómico 'se fijen en los correspondientes órganos de negociación bilateral entre el Estado y cada una de las comunidades autónomas'. Este punto de la proposición no de ley es importante, ya que permitirá una negociación a la carta de cada comunidad con el Estado central, no como ahora, en donde las cuentas públicas de las autonomías son estudiadas a la vez, en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera.
Al margen de la proposición no de ley, el Gobierno ha decidido por su cuenta, acelerar la reforma de la Ley de Estabilidad, antes incluso de presentar un nuevo texto legal específico. Y lo ha hecho mediante los Presupuestos Generales del Estado para 2005. En este proyecto de ley figuran dos disposiciones adicionales que reforman parcialmente la ley de Estabilidad Presupuestaria.
El Senado pierde poder
En una de ellas, se amplía de abril a junio el plazo máximo que cada año el Gobierno tiene para aprobar los objetivos de estabilidad de las administraciones públicas y el techo de gasto para el Estado. Son dos meses más para afinar sus cálculos. Este año, el vicepresidente Solbes presentó con retraso tales datos, argumentando la cercanía de las elecciones generales.
En otra disposición, se aclara que será suficiente la mayoría simple en el Congreso para sacar adelante el techo de gasto del Estado que fije el Gobierno, en caso de que el Senado lo rechace previamente. Esto ha estado a punto de suceder este ejercicio. Y es que en el Senado el PP roza la mayoría absoluta, con lo que el PSOE se ha visto obligado a negociar apoyos con el resto de grupos.