Proyecto

CEOE plantea al Gobierno un plan privado de inversión en infraestructuras

CEOE está elaborando un plan de actuaciones donde detalla qué infraestructuras puede financiar el sector privado sin impacto presupuestario y con qué fórmula. La propuesta se presentará al Gobierno en noviembre.

El proyecto contempla una inversión global de unos 15.000 millones de euros en un horizonte de cinco o seis años y 'pretende servir de complemento al gasto presupuestado para infraestructuras, que en 2005 sumará entre Fomento y Medio Ambiente de 16.000 a 18.000 millones de euros', según desveló ayer a Cinco Días, el presidente de la patronal de las grandes constructoras, Seopan, Enrique de Aldama.

Así, la Comisión de Infraestructuras de CEOE trabaja estos días contrarreloj para poder presentar su propuesta al vicepresidente económico, Pedro Solbes, y la titular de Fomento, Magdalena Álvarez, el próximo mes de noviembre.

No en vano, Fomento se ha comprometido a tener listo su Plan Estratégico de Infraestructuras de Transporte (PEIT) antes de final de año y también ha confirmado que lo elaborará de manera consensuada con todos los agentes implicados.

Una desaladora es un claro ejemplo de obra rentable si hay quien compre el agua

La iniciativa de la CEOE responde al convencimiento que existe entre las constructoras de que esos 16.000-18.000 millones de inversión pública anual en infraestructuras no van a aumentar sensiblemente en el futuro 'y a eso hay que añadir que en 2006 se acabarán buena parte de los fondos europeos que ahora recibimos', explica Aldama.

Por este motivo, desde Seopan y la CEOE se asegura que, dado el déficit que aún tiene España en infraestructuras, 'el Gobierno deberá contar con el capital privado necesariamente si quiere mantener el actual nivel de inversión y la actividad constructora, uno de los motores de nuestra economía', señala Enrique de Aldama.

El proyecto que ultima la patronal tiene en cuenta la recomendación realizada por la Comisión Europea acerca de cuál debe ser la participación del sector privado en la inversión en grandes obras, establecida en el 20% del volumen total. 'De ahí que este programa de actuaciones plurianual esté calculado con un gasto de entre 2.500 y 3.500 millones de euros anuales', añade Aldama.

Listado de obras

Pero lo realmente novedoso es que por primera vez el sector privado le hará entrega al Ejecutivo de un documento que 'contendrá un listado con las obras de infraestructuras que consideramos que se pueden financiar con recursos extrapresupuestarios porque son rentables para las empresas', comenta el presidente de Seopan.

'Nosotros creemos, por ejemplo, que todos los proyectos de construcción de plantas desaladoras, valorados en unos 1.600 millones de euros podrían ser realizados por la iniciativa privada, siempre que haya alguien que compre el agua. Para ello, funcionarían a su término en régimen de concesión', asegura.

Según Seopan, ningún sector está excluido y por ello su propuesta prevé también infraestructuras de todos los modos de transporte.

Además, las empresas consideran que en la actualidad existe el marco jurídico idóneo para dar seguridad a esta clase de inversiones, 'quizás sólo habría que reforzarla en algunos casos concretos, pero gracias a la Ley de Concesiones el marco lo tenemos', matiza Aldama.

En cuanto a qué fórmulas de financiación incluirá este plan privado, Aldama es claro: 'por muchas vueltas que le queramos dar, está ya todo inventado. Al final, sólo hay dos fórmulas: peaje en la sombra o concesión pura en la que es el usuario quien paga'.

'Lo que sí pediremos al Gobierno es que, sea cual sea la opción que finalmente se elija, ésta se compute siempre fuera del presupuesto para que a la vuelta de los años no podamos llevarnos una desagradable sorpresa porque los criterios contables de Eurostat hayan cambiado', puntualiza Aldama.

CNC impugna el precio del acero

La patronal de la Construcción CNC prevé impugnar el índice oficial de coste del acero del Comité Superior de Precios, organismo de Economía y Hacienda, ya que está profundamente en desacuerdo con las cuantías que maneja, ya que el indicador actual supone la mitad de los precios reales que pagan las empresas.