Empresas paralelas, un fraude laboral masivo
Los empleados se aprovechan de los recursos informáticos de la empresa para la que trabajan para montar compañías paralelas. Es una de las principales infracciones que cometen los trabajadores españoles con los sistemas informáticos y las redes de comunicación de sus empresas, según las conclusiones de un estudio elaborado por Landwell, el despacho de abogados y asesores fiscales de PricewaterhouseCoopers, basado en el estudio de 393 casos reales ocurridos entre los años 2001 y 2003.
El delito más extendido consiste en la explotación de una empresa de nueva creación, utilizando la propiedad intelectual o industrial de la empresa en la que el trabajador presta sus servicios. Generalmente, el empleado constituye la nueva compañía antes de solicitar la baja voluntaria y realiza un trasvase de información mediante soportes informáticos o a través de internet. El informe detalla que no siempre el trabajador actúa solo: suele aliarse con algún compañero.
En opinión del socio y responsable del grupo de Derecho de Tecnologías de la Información Javier Ribas, este tipo de infracción se ve fomentado porque 'la ventaja que obtiene el trabajador es superior a la sanción o al riesgo de que sea descubierto'. Además de utilizar la propiedad intelectual de la compañía para crear empresas paralelas, los empleados utilizan el correo electrónico corporativo para enviar mensajes amenazantes, injuriosos o calumniosos o para transmitir información confidencial o datos personales.
El 80% de los delitos producen en las empresas afectadas perjuicios hasta de 60.000 euros
El ánimo de lucro es lo que lleva a los trabajadores, al menos así se reconoce en el 55% de los casos, a desarrollar este tipo de conductas. Otro motivo que alega el estudio es el conflicto laboral o el despido injusto. De hecho, asegura el informe, ésta es la principal causa de los sabotajes y de la introducción intencionada de virus. El 2% lo hace por problemas con clientes o proveedores y otro 2% se produjeron por atribución errónea de la propiedad intelectual, cuando un trabajador pensó que una obra era suya por haber participado en su creación.
El estudio también refleja que transmitir información confidencial de forma no intencionada es cada vez más frecuente debido a la proliferación de programas espías, que se instalan en el ordenador del usuario cuando navega por internet.
La mayoría de las empresas, el 74%, prefiere encargar la investigación de este tipo de actos a equipos internos y de confianza de la propia organización, mientras que el 22% decide externalizar el proceso. En cuanto a la resolución y divulgación de los conflictos, el 74% de las compañías consultadas prefiere solucionarlo de manera privada, mediante acuerdos transaccionales con los trabajadores y tan sólo el 13% decide divulgar dentro de la propia organización la existencia de una infracción.
Los delitos cometidos tienen repercusión económica: el 81% produce en las empresas afectadas perjuicios de menos de 60.000 euros; el 16%, entre 60.000 y 300.000 euros, y el 3% restante superó los 300.000 euros. No obstante, apunta el estudio, 'la escasa cuantía en términos de coste por delito no debe hacer olvidar la gravedad del efecto acumulativo de pequeñas defraudaciones cometidas de forma continuada por muchos empleados'. A pesar de todo, recomienda Ribas, la recopilación de datos que ponen de manifiesto un comportamiento desleal por parte de algún empleado debe respetar todos sus derechos para que sea válida ante un juez.