El Gobierno ruso aprueba la ratificación del Protocolo de Kioto
El Gobierno ruso ha aprobado hoy la ratificación del Protocolo de Kioto, que pretende reducir las emisiones de gases tóxicos que crean el efecto invernadero, y lo presentará al Parlamento de Rusia, país cuya adhesión al tratado pondrá a éste en marcha de forma automática.
Hasta ahora, Moscú mantenido bloqueada la aplicación del protocolo, que sólo cobra fuerza si Rusia acepta. A partir de ahora, la propuesta del Consejo de Ministros deberá pasar la prueba de la Cámara Baja del Parlamento, la Duma. El presidente Putin ya había expresado anteriormente su disposición a firmar las propuestas de Kioto, pero tuvo que hacer frente a la oposición interna, ya que algunos miembros del propio Ejecutivo creen que el protocolo provocará graves daños en la economía.
Aplicación automática
Si finalmente el Parlamento ruso ratifica la decisión del Gobierno de Putin, se habrán alcanzado los mínimos para que el protocolo entre en vigor, algo que la UE espera que se produzca en los próximos meses. Los países que han ratificado el Protocolo hasta el momento producen un 44,2% de los gases que provocan el efecto invernadero y el aumento de la temperatura global, fundamentalmente el dióxido de carbono provocado por los combustibles fósiles.
Así, con la adhesión de Rusia, que emite el 17,4% de dichos gases, quedaría superado el 55% requerido para que el tratado tenga efectividad mundial. El viceprimer ministro ruso Alexandr Zhúkov, ha indicado que en los tres próximos meses será elaborado el plan de acción para el cumplimiento de los compromisos y derechos de Rusia en el marco del tratado, que forma parte de la Convención Marco de la ONU sobre el cambio climático.
Kioto ha sido ratificado ya suficiente número de países para cumplir la primera condición de su entrada en vigor, pero no se cumple la segunda, que consiste en que los países firmantes supongan al menos el 55% de las emisiones globales de 1990. Todos los países de la UE lo han ratificado, así como otros muchos como Nueva Zelanda y Canadá. El gran ausente es Estados Unidos, cuyo presidente, George Bush, renunció al protocolo, aunque la anterior Administración, la de Clinton, lo firmó.