Alcocer y Cortina piden al Supremo la revisión del 'caso Urbanor'
Los empresarios Alberto Alcocer y Alberto Cortina conocidos como los Albertos- han presentado un escrito ante el Tribunal Supremo en el que, por la aparición de nuevas pruebas, piden autorización para revisar el caso Urbanor, por el que fueron condenados a tres años y cuatro meses de prisión por estafa y falsedad documental.
Las peticiones que contiene el escrito se basan en "nuevos hechos" relacionados con una carta enviada por el arquitecto Pedro Sentieri al constructor Julio San Martin, en la que supuestamente ambos pactaban su actuación contra los Albertos.
La aparición de esta carta está siendo investigada por el Juzgado de Instrucción número 11 de Madrid, al que fue remitido este mes un informe pericial de la Guardia Civil que, junto a otro de la Policía Nacional conocido antes, estimó como verdadera la firma de Sentieri que figuraba en la carta.
La familia San Martín cree que la carta de "Los Albertos" es falsa
El abogado Miguel Bajo, que representa al empresario Julio San Martín -que fue uno de los socios de los ex banqueros Alberto Cortina y Alberto Alcocer en la operación Urbanor- ha señalado hoy en un comunicado que la carta que según los primos podría demostrar una presunta estafa procesal cometida contra ellos es falsa. Explica que así se constata en el informe pericial realizado por la Guardia Civil sobre el citado documento, que está aún pendiente de ser ratificado en el Juzgado de Instrucción número 11 de Madrid.
La representación letrada de San Martín ha emitido este comunicado tras conocer que Cortina y Alcocer habían presentado hoy un escrito ante el Tribunal Supremo en el que solicitan autorización para recurrir en revisión la condena que el alto Tribunal les impuso en marzo de 2003 por el "caso Urbanor", considerándolos autores de estafa y falsedad en documento mercantil en la venta de los terrenos en los que se edificaron las Torres KIO, en 1987.
Precisamente otra misiva, encontrada por el arquitecto Pedro Sentieri en el casillero de un hotel en el que se hospedaba, cuya autoría fue atribuida al administrador de KIO, Richard Robinson, fue decisiva para que el Tribunal Supremo condenara a Cortina y Alcocer en marzo de 2003.
El escrito presentado hoy por el abogado Ignacio Peláez, que defiende a Cortina y a Alcocer, indica que el documento por el que fueron condenados los empresarios era "una simple fotocopia" de una carta fechada el 23 de noviembre de 1987, que fue considerado "falso" por el Tribunal Supremo y la Audiencia Provincial de Madrid.
Alberto Cortina y Alberto Alcocer fueron condenados en marzo de 2003 por el delito de falsedad documental, relacionado con la supuesta manipulación de esta última misiva, y estafa, al negociar la venta de Urbanor y obtener por su participación un precio que duplicaba el recibido por los socios minoritarios (entre ellos San Martín y Sentieri).
Dos precios diferentes
Ahora, la defensa de los Albertos destaca además que la nueva carta, encontrada el año pasado por la periodista Gloria Álvarez, en Collado Villalba (Madrid), demuestra que Sentieri y Julio San Martín conocían la existencia de dos precios diferentes en la venta de las acciones de Urbanor y decidieron llevar una versión diferente ante los tribunales.
Esta misiva, según el escrito, "evidencia que resulta del todo imposible" que, por parte de Alberto Alcocer y Alberto Cortina, "se cometiera el delito de estafa por el que fueron condenados" pues "no hubo engaño, ocultación" y los constructores Sentieri y San Martín "conocían perfectamente los dos precios existentes".
De estas nuevas pruebas -continúa el escrito- se deduce que "había un plan preconcebido" entre Sentieri y San Martín, "que no existía contradicción entre el precio global de la operación y el precio ofrecido a los accionistas minoritarios" y que el contenido de la carta del 23 de noviembre de 1987 "no fue alterado".
También el escrito presentado al Supremo se refiere a la declaración testifical de Richard Robinson, quien podría ahora avalar ante los tribunales la autenticidad de la misiva de 1987 y "mostraría la inexistencia de engaño, error y perjuicio a los socios minoritarios".
Por tanto, argumenta el recurso, "la eficacia probatoria de los nuevos hechos muestran inequívocamente la inocencia de los condenados", al poner de manifiesto que "en ningún momento ocultaron ni engañaron a los socios minoritarios".
Cortina y Alcocer actualmente están en libertad a la espera de que el Tribunal Constitucional resuelva el recurso de amparo que presentaron, referente a la vulneración de sus derechos constitucionales en el proceso por el que fueron condenados.
Los Albertos -que tuvieron que abandonar la presidencia del Banco Zaragozano tras su condena- no han llegado a entrar en prisión en ningún momento, aunque sí han tenido que afrontar las consecuencias económicas de la condena, por valor de unos 48 millones de euros.
El caso Urbanor data de 1987, cuando la sociedad del mismo nombre vendió los terrenos donde posteriormente se construyeron las Torres KIO en Madrid. La Audiencia Provincial de Madrid, que juzgó el caso en primera instancia, exculpó en enero de 2001 a los financieros al considerar que los delitos que se les imputaban habían prescrito y pese a considerar probados los mismos.
La familia San Martín cree que la carta de 'Los Albertos' es falsa
El abogado Miguel Bajo, que representa al empresario Julio San Martín -que fue uno de los socios de los ex banqueros Alberto Cortina y Alberto Alcocer en la operación Urbanor- ha señalado hoy en un comunicado que la carta que según los primos podría demostrar una presunta estafa procesal cometida contra ellos es falsa. Explica que así se constata en el informe pericial realizado por la Guardia Civil sobre el citado documento, que está aún pendiente de ser ratificado en el Juzgado de Instrucción número 11 de Madrid.
La representación letrada de San Martín ha emitido este comunicado tras conocer que Cortina y Alcocer habían presentado hoy un escrito ante el Tribunal Supremo en el que solicitan autorización para recurrir en revisión la condena que el alto Tribunal les impuso en marzo de 2003 por el "caso Urbanor", considerándolos autores de estafa y falsedad en documento mercantil en la venta de los terrenos en los que se edificaron las Torres KIO, en 1987.